El Estado mexicano tiene el deber de garantizar la libre manifestación y ejercicio de conciencia y de religión, sea de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, toda vez que se trata de un derecho inherente a cada individuo, cuyo principio radica en su dignidad y en su consecuente autodeterminación como persona, dio a conocer la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Señala que a pesar de los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, el fenómeno de intolerancia religiosa va en aumento y cobra vidas, principalmente en zonas rurales e indígenas.
En el estado se han registrado conflictos por intolerancia religiosa donde se han detectado amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposiciones de multas, arrestos por 24 horas y la negativa de proporcionar servicios indispensables, entre otros en contra de quienes profesan una religión contraria a la católica.
En años anteriores se registraron casos donde se señalaron a las autoridades del Sabinillo, Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca; el agente municipal de Santiago Teotlasco, perteneciente a Ixtlán de Juárez; el Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán, de la región Cañada.
Así como el agente municipal de La Palma, Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte; la autoridad municipal de San Andrés Yaa, Villa Alta; el presidente municipal de Santa María Yohueche, perteneciente a Yatzachi El Bajo, Villa Alta y la autoridad municipal de San Juan Ozolotepec, en la Sierra Sur.
Ante ello, la DDHPO sostiene que la libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.
