La secretaria general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yenni Pérez Martínez, aseguró que ya cuentan con la toma de nota y únicamente están esperando les llegue el documento oficial.
Después de participar en un mitin en Palacio de Gobierno con el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad (Covic) de Nochixtlán, indicó que después de lograr este punto, ahora están trabajando en la ruta jurídica para la contratación de egresados normalistas que tiene un plantón en las inmediaciones del edificio sindical de Armenta y López.
Asimismo, la lideresa se sumó a demandas de justicia, educativas, administrativas, sociales y políticas que tienen pendientes para este gremio y organizaciones afines.
Al asegurar que se encuentran en un proceso reorganizativo, emplazó al gobierno de Salomón Jara a que en una semana den respuesta e instalen una mesa de negociación con esta dirigencia para ir avanzando en todos los casos pendientes.
En caso de no darse, podrían emprender la estrategia táctica de movilización-negociación-movilización.
Además que como sector ya están preparando la movilización para mayo cuando entreguen el pliego petitorio ante el gobierno de Salomón Jara Cruz y pidan respuesta a cada uno de los puntos.
Recordó que este año será diferente porque se trata de una nueva dirigencia que está buscando reivindicar el movimiento magisterial.
Acusa Civic a gobierno estatal de proteger a policías
Por su lado, en el mitin frente a Palacio de Gobierno, Santiago Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas (Covic) de Nochixtlán “19 de Junio”, recriminó la desatención del presidente Andrés Manuel López Obrador al tema de justicia sobre este caso.
Además, lamentó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya ventilado las líneas de investigación y hasta la fecha para las detenciones por las órdenes de aprehensión existentes.
Eso implica que a nosotros como comité nos pone en riesgo y de la misma manera dan a conocer más datos, cuando no es lo correcto”.
Por su lado, el gobierno estatal con el jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, están protegiendo a los policías involucrados, como en la audiencia del 26 de enero.
Por eso, exigió la mesa de negociación con el gobierno federal, así como con la Fiscalía General de la República y el gobierno estatal.
