Aquel 19 de octubre de 2012, en medio del dolor porque su hija Viridiana Monserrat García Robles había sido asesinada, Ana María Robles tuvo que reunir las fuerzas necesarias para volver a asumir el rol de madre con su nieta de apenas un año de edad. Édgar Fabián Martínez Carmona, pareja de la joven abogada de 26 años, le arrebató la vida con 47 puñaladas y destrozó así a toda una familia que aún lucha por la justicia.
El feminicida, que finalmente purga una condena de 66 años y 4 meses, también dejó a una menor de edad en orfandad, a quien no solo le arrebató a su madre, sino que tampoco ha cumplido con lo que falta de la reparación del daño y el sustento que requiere la ahora adolescente.
Como muchas abuelas que exigen justicia por los feminicidios de sus hijas, Ana María tuvo que volver a ser madre cuando tenía 50 años de edad. Ahora tiene 63 y recuerda cómo en medio de las idas a los juzgados y de encarar al feminicida de su hija también tuvo que cambiar pañales y preparar mamilas.
“Todo lo que implica desde tener a un bebé hasta la edad que ella tiene ahorita (13 años). Me corresponde ese rol de volver a trabajar; a consecuencia del hecho cerré mi despacho, dejé de trabajar seis años en lo que la niña crecía y ahora que la vida me da la oportunidad de volver trabajar sigo porque hay que sacarla adelante”, cuenta la mamá de Viridiana Monserrat, cuyo caso fue de los primeros que se logró tipificar como feminicidio.
“Lo habían clasificado como homicidio calificado, afortunadamente se acreditaron las fracciones del tipo penal y se logró llegar a sentencia por el delito de feminicidio agravado porque cuando él (Edgar) la priva de la vida se la corta con 47 puñaladas”, dice Ana María sobre un proceso que concluyó el año pasado con la confirmación de la pena tras un amparo.
Ha sido una lucha muy ardua: 12 años de un proceso penal que fue todavía con el sistema acusatorio anterior, caracterizado por ser “muy pasivo, dilatado, con muchos cambios de jueces, fusiones de juzgados. Fue muy, muy desgastante… Afortunadamente, él ya está sentenciado”, detalla la madre de tres hijas, la segunda de ellas víctima de un delito que no solo acaba con las mujeres. En muchos casos, deja a varios hijos en orfandad, quienes generalmente quedan al cuidado de las abuelas y que carecen del apoyo del gobierno estatal.
“El Gobierno del Estado es indolente, somos invisibles. No hay nada, ni atención psicológica ni jurídica… No hay una dependencia que nos represente”, reclama la madre que en su caminar se encontró con varias madres y hermanas y otras familiares en una condición similar. Juntas conformaron un grupo de madres víctimas de feminicidios que desde hace más de un año busca audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz, pero sigue en espera de este acercamiento con el ejecutivo estatal.
En el grupo hay madres y hermanas de víctimas de feminicidios que incluso tienen 15 años luchando porque los asesinos sean juzgados y sentenciados, debido a los obstáculos del sistema de justicia anterior.
El caso de Ana María está ahora en el proceso de ejecución de sanciones, pero cuenta que es una vía olvidada a nivel judicial. “Las familias estamos olvidadas porque ellos (los feminicidas) argumentan que están privados de su libertad y que no tienen para hacer el pago de la reparación del daño y cumplir con alimentos por los niños y niñas que dejan en orfandad. De ahí partimos al tema familiar, a las guardas y custodias, a las patrias potestades. Y de ahí al de salud porque muchas niñeces se quedan con problemas se salud”.
Organizaciones nacionales y estatales como la Red por los derechos de la infancia en México (Redim) y Consorcio señalan que uno de los pendientes del gobierno de Oaxaca es el censo de orfandades, con el cual se podrían conocer, inicialmente, cuántas niñas, niños y adolescentes están en orfandad a causa de los feminicidios.
Ana María Robles es una abuela/madre que también ha impulsado esta exigencia ante la Fiscalía de Oaxaca. Aunque considera que este debe contar con la participación de las víctimas, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia.
“La orfandad por feminicidio es algo que nuestro país pareciera estar demorando mucho en poder entender, contabilizar y atender. La demanda de un censo de orfandad por feminicidio es algo que Redim y muchas organizaciones y colectivas han puesto sobre la mesa”, explicaba recientemente a EL IMPARCIAL, Tania Ramírez Hernández, directora de Redim.
