De acuerdo con datos de las autoridades estatales, entre las irregularidades que se detectaron en el otorgamiento de bases a los trabajadores del gobierno estatal destacan la venta ilegal de plazas con costos que van desde los 300 hasta los 500 mil pesos.
La gran mayoría se habrían entregado sin cumplir con los requisitos mínimos como la presentación de documentos o bien en algunos casos, los trabajadores tenían un solo día laboral cuando obtuvieron las plazas cuando la ley establece que al menos deberían de contar con seis meses de antigüedad.
“Este proceso es el desenlace de una revisión minuciosa que se llevó a cabo entre la Secretaría de Administración y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en el que se detectaron las irregularidades por la expedición de nombramientos de base entre los años 2016 y 2022, mimas que no cumplían con la normatividad vigente”, señaló el secretario de Administración, Noel Hernández Rito.
Detalló que estas prácticas violentaron principios fundamentales de la legalidad y transparencia, afectando la administración y la economía pública estatal. “En esto también se detectó la falta de documentos y autorizaciones en los expedientes del personal, así como asignaciones de bases al personal sin actividades específicas asignadas”.
Expuso que algunos trabajadores se acercaron para denunciar que las bases que les otorgaron las adquirieron desembolsando grandes cantidades de dinero que van desde los 300 hasta los 500 mil pesos.
“Por eso les hemos hecho la invitación para que realicen las denuncias correspondientes y a la par nosotros estamos investigando para poder determinar quiénes fueron los que vendieron las plazas porque son actos de corrupción”, afirmó Hernández Rito.
Explicó que los trabajadores que se sientan afectados por el decreto que suprimió las mil 344 plazas, tendrán su derecho a presentar sus pruebas que consideren pertinentes e hizo un llamado a los trabajadores de base que hayan obtenido de manera legal sus plazas a regresar a sus centros de trabajo para evitar afectaciones a la ciudadanía.
