Crece violación a derechos humanos
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Crece violación a derechos humanos

En el ámbito municipal, la mayor cifra; policías, diputados, IEEPO, SOAPA, Gubernatura, DIF, señalados


Foto: Luis Alberto Cruz // El pasado 28 de noviembre, pobladores de Santo Domingo Teojomulco atacaron con machetes y palos a empleados del Gobierno del Estado y a automovilistas.
Foto: Luis Alberto Cruz // El pasado 28 de noviembre, pobladores de Santo Domingo Teojomulco atacaron con machetes y palos a empleados del Gobierno del Estado y a automovilistas.

En tres años, los organismos públicos defensores de derechos humanos reconocen en Oaxaca 20 mil 867 violaciones a garantías individuales de los oaxaqueños, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y Federal (CNDHF) para los años 2020, 2021 y 2022.

El documento, difundido ayer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señala que en solo un año, de 2021 a 2022 se reportó un grave ascenso de 24% en las cifra de violaciones de las garantías individuales en Oaxaca, al pasar de 6 mil 847 en 2021 a 8 mil 510 para 2022, con 1,663 casos de incremento en un año.

De acuerdo a la consulta realizada por EL IMPARCIAL al banco de datos de la CNDHE, son autoridades municipales, las policías municipales, estatales y viales, la fiscalía estatal y el IEEPO los principales organismos públicos señalados por pisotear las garantías individuales en el estado.

Ni la crisis sanitaria por el Covid-19 frenó la violación de garantías en Oaxaca. Si consideramos el comparativo de 2020 con el año pasado, la cifra es aún más dramática, pues el repunte a violaciones a derechos humanos superó el 54% con relación a los 5 mil 510 reconocidos al inicio de la pandemia.

En promedio, durante este año se cometieron 23 violaciones a los derechos humanos al día, una media de casi una cada hora, se desprende de las estadísticas. Oaxaca ocupa el sexto lugar de los estados con más violaciones, detrás de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz, que lideran la ominosa lista negra.

El año pasado la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ejerció un presupuesto de 40 millones 600 mil pesos para preservar las garantías individuales en territorio estatal. El presupuesto es el 17 más alto del país, reporta el Inegi, a pesar de que Oaxaca reporta más incidencias que otras entidades.

En fechas recientes la DDHPO, cuya titular es Elizabeth Lara Rodríguez, ha dado cuenta de cruentas violaciones a derechos humanos en el estado; condenó enérgicamente el clima de violencia violaciones ejemplificadas con acciones realizadas en Ciudad Administrativa y Judicial, el 28 de noviembre por pobladores del municipio de Santo Domingo Teojomulco; la violencia contra las mujeres, a la educación, a migrantes a su paso por Oaxaca.

Además, Lara Rodríguez reprobó los ataques armados ocurridos el 22 y 25 de noviembre, respectivamente, en los municipios de San Miguel El Grande, Tlaxiaco y la agencia municipal de Guadalupe Victoria en Asunción Nochixtlán, ambos pertenecientes a la región de la Mixteca, en donde fallecieron un total de 14 personas y seis más resultaron heridas por armas de fuego. De estos casos se dará cuenta hasta el próximo Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal.

El Inegi dio cuenta de labores de orientación, capacitación, divulgación de derechos básicos así como las personas, visitadurías, oficinas de representaciones de ombudperson, las recomendaciones, alertas y acciones tomadas en el país.

Sin representación de la CNDH en Oaxaca (al menos no señalada por el Inegi) se da cuenta de 15 oficinas públicas de defensa de garantías en el estado, de estas 15 están en el interior del territorio y dos son consideradas por el censo como oficinas centrales.

En el caso de Oaxaca, tres entes o personalidades jurídicas lideran las violaciones: las o los presidentes municipales u homólogas, con 1 mil 621 casos; la Fiscalía General de Oaxaca, con 1007; síndicos, regidores u homólogos, con 829 y “la institución encargada de la función de seguridad pública y/o vialidad”, con 802 denuncias; el IEEPO, en el ámbito educativo, con 525 casos; el Poder Judicial Estatal con 369. Cierran las lista dependencias como el, DIF, SOAPA, Hacienda, la gubernatura, órganos autónomos, Cámara de diputados, entre otros


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