Imponen sanciones por 25 mdp a 120 empresas por incumplir ley
Recurrente trámite de amparos para evitar multas y castigos
Sanciones por alrededor de 25 millones de pesos fueron impuestas a 120 empresas que incurrieron en violaciones a la normatividad laboral durante el 2022, pero no todas pagaron y en un 40% presentan sus alegatos.
En lo que va de este año, la autoridad ha aplicado 78 sanciones derivadas de las inspecciones que realiza la secretaría ya sea por denuncias o por inspecciones aleatorias.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), delegación Oaxaca, informó que en su mayoría se refieren a irregularidades en Seguridad e Higiene en el Trabajo, luego por prestaciones laborales y finalmente por capacitación y adiestramiento.
En los 18 meses se han aplicado 198 multas a empresas y entre esas, una que tendrá que pagar 4 millones de pesos, si es que no logra a favor la apelación.
De las sanciones aplicadas, las empresas buscan formas de alegato e impugna la determinación de la autoridad y apelan al juicio de nulidad ante la Junta de Justicia Laboral del gobierno federal.
Para llegar a defenderse, cuentan con un lapso de 30 días hábiles y en caso de no hacerlo, se sujetan a la sanción correspondiente que aplica la Secretaría de Finanzas por el convenio entre el gobierno estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
En caso de negarse a pagar, las instancias proceden al congelamiento de las cuentas para garantizar el depósito de la multa.
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Cabe señalar que en días pasados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmó un convenio de colaboración con las dependencias homólogas estatales, de Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Veracruz para sumarse al Programa de Verificación Voluntaria (VELAVO).
Con este convenio, busca garantizar que las empresas que recurren a este mecanismo no sean inspeccionadas por autoridades federales y estatales, pero tendrán que comprometerse a cumplir con las buenas prácticas, porque en caso de detectarse un incumplimiento, pueden ser acreedores a sanciones penales.
Se trata de darle sustancia a la colaboración entre autoridades, para tener un intercambio de buenas prácticas y coordinación para alcanzar los objetivos del Gobierno de México, de generar condiciones para un trabajo digno a favor de todos los trabajadores”, destacó la instancia federal.
