A menos de un mes de este 2023, han llegado a Oaxaca aproximadamente un centenar de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad y ligados a delitos federales como: crimen organizado, homicidio, secuestro, violación y portación de arma de fuego.
De acuerdo con el recuento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal (SSPPC), el más reciente traslado consistió en la llegada de 38 reos provenientes de Quintana Roo.
El viernes, en medio de estrictas medidas de seguridad, la autoridad federal envió a 197 internos de diversos centros penitenciarios estatales de Quintana Roo a penales federales y, de esos, más de una treintena llegaron al Centro Federal de Readaptación número 13, ubicado en Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Fue en medio de un fuerte operativo que incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), autoridades del estado, y Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como se dan los procesos.
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El 3 de enero, 41 personas privadas de la libertad se sumaron a la población penitenciaria de Mengolí, en la Sierra Sur, provenientes del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta determinación derivó del motín que se registró a inicios de este mes en ese lugar y que dejó 17 muertos, así como 30 reos fugados.
En esas dos fechas sumaron 79 personas y el 5 de enero se registró un nuevo traslado de prisioneros a Oaxaca, desde Zacatecas,
En esa fecha, fueron repartidos 81 internos del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas a centros federales de readaptación social de Oaxaca y Chiapas, informó la autoridad, sin precisar la cantidad exacta para cada lugar.
En al menos dos de los traslados, las autoridades federales indicaron que se aplicaron protocolos establecidos legalmente, para la extracción y traslado de reos, que “estuvieron apegados a las actuaciones y procedimientos que señala la ley, prevaleciendo en todo momento el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
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