Cartel del despojo, una ingeniería delincuencial

El modus operandi del “Cartel del Despojo” en Oaxaca ha permitido elaborar 1 mil 467 carpetas de investigación que se iniciaron en marzo de 2022, de las cuales 213 están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.

Se apoderan del inmueble a través del despojo, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e incluso, en los casos más extremos homicidio.

Todo surge de la localización de algún inmueble que este en buena ubicación y cuente con plusvalía, además de carecer de un propietario visible. Los sujetos investigan en el Registro Público, Catastro o Registro Civil y a partir de esta pesquisa simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que se hacen inscripciones precautorias y se modifican las escrituras, y en estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes, a través de funcionarios públicos para alterar las escrituras e inscripciones registrales.

En estos actos también se recurre a la violencia física, amenazas, privación de la libertad y en casos más extremos homicidios para poder quedarse con el inmueble. Una vez que hacen todas las alteraciones inscriben las escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles.

Citó los casos de Ivonne “N”, en Ocotlán; el de Enrique “N”, magistrado del Tribunal Justicia Administrativa de Oaxaca, y Carlos “N”, asesor del municipio de Juchitán, quienes fueron asesinados y cuyos autores materiales, así como notarios y servidores públicos implicados en los despojos, fueron detenidos.

También en Tehuantepec hay carpetas de investigación en contra de diferentes personas de organizaciones que se apoderan de inmuebles, hacen invasiones y amenazan o despojan a propietarios; incluso a veces de bienes públicos, bienes de carácter federal.

 

Urgente frenar la ola delictiva 

La Fiscalía General del Estado cuenta con 164 indagatorias en curso sobre despojos en las que están implicados notarios, abogados, corredores públicos, funcionarios registrales, comisariados de bienes comunales y ejidales, autoridades municipales y en algunos casos hasta miembros del crimen organizado.

A decir del fiscal, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, estos casos han aumentado en la región del Istmo presumiblemente por el crecimiento de la plusvalía derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra, además de la región de la costa por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos.

Los municipios con mayor incidencia de este delito son Oaxaca de Juárez, con 106; Santo Domingo Tehuantepec, 64; Santa Cruz Xoxocotlán, 54; Santa María Colotepec, 49; Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 45; San Pedro Pochutla, 39; San Pedro Mixtepec, 36; Salina Cruz, 35, y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 33.

En acciones para desalentar estos ilícitos, la Fiscalía inició acciones a través de la causa penal 499/2022 y vinculó a proceso a A. R. Mendiola  por el delito de despojo, tras intentar apoderarse de una propiedad ubicada San Felipe del Agua, por lo cual también ya habían sido detenidas otras cinco personas hace dos semanas.

Con base en la información de las autoridades, este sujeto no únicamente se ha dedicado a despojar de predios en el municipio de Oaxaca de Juárez, también han intentado apoderarse de terrenos en Puerto Ángel, de donde fueron corridos.

Ademas, hay dos carpetas de investigación la 501(FEMCCO)/2021 y la 498 (FEMCCO)2022, acumuladas contra Jorge Armando Zárate Medina por abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público, iniciada el 12 de agosto del año pasado fueron interpuestas por la víctima Claudia Limón González a quien prácticamente pretenden despojar de una vivienda en el fraccionamiento El Rosario.

 

Piden a la SCJN su intervención 

Ante los agobios originados por estos ilícitos, el Congreso de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un caso de los hermanos Conzatti sobre el robo de identidad y despojo de bienes patrimoniales, delitos donde se señala la presunta corrupción de autoridades estatales.

Conforme a sus facultades y normas jurídicas revise el amparo 237/2020 sobre el asunto donde los afectados señalan a autoridades del Instituto de la Función Registral, Instituto Catastral, Dirección del Registro Civil y de Notarías Públicas como presuntas responsables de dichos delitos.

También demandó al Consejo de la Judicatura Federal vigilar el actuar de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde se analiza el caso, a fin de que su resolución sea de acuerdo con la ley y no exista presión de otros poderes; en caso de que suceda, se otorguen medidas de protección a magistrados correspondientes.

En tanto, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez informó que mantienen abiertas cinco carpetas de investigación relacionadas con el delito de despojo de bienes inmuebles y el robo de identidad.

En dos se indaga la probable participación de funcionarios del Instituto Catastral del Estado, una en la que se investiga a funcionarios del Registro Civil; así como una investigación resultado de un exhorto realizado por el Congreso del Estado y una más relacionada con inmuebles involucrados en las primeras investigaciones.

Hasta ahora, en estas indagatorias están pendientes por realizar peritajes especializados en materia de informática en el Registro Civil y en el Instituto Catastral de Oaxaca, con el fin de revisar irregularidades que ya han detectados en estas dos dependencias y sobre los probables involucrados en la comisión de este delito. 

Aceptó que en Oaxaca sí hay una problemática agravada en cuanto al gran número de despojos de propiedades, resultado de la poca certeza jurídica de la tierra y también por la situación geográfica del estado.