Repuntan en Oaxaca delitos por tráfico de migrantes
En la entidad, 85 violaciones a la Ley Federal de Migración en lo que va del año
Ante la crisis social, económica y de violencia que se vive en Centroamérica y en los estados del sur del país como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, los delitos por tráfico de migrantes que se sancionan mediante la Ley de Migración, se han disparado en 2022.
En las cifras de delitos del fuero federal reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destaca que a nivel nacional se contabilizaron 51 mil 912 delitos federales en las entidades federativas, de los cuales mil 90 corresponde a violaciones de la Ley Migratoria.
El estado de Chiapas reportó mil 482 delitos del fuero federal, de los cuales 144 fueron aplicables a la ley migratoria, el estado de Veracruz reportó un total de 3 mil 14 delitos, de los cuales 185 fueron aplicables de la ley migratoria.
En tanto en el estado de Oaxaca se contabilizaron mil 480 delitos del fuero federal, de los cuales 85 correspondieron por violaciones a la Ley de Migración, en su gran mayoría infringidas por personas que realizaban tráfico ilegal de migrantes.
Este delito ha aumentado en este periodo de los meses de enero a agosto del 2022, ya que en todo el 2021 se reportaron 95 en la entidad oaxaqueña, en el 2020 fueron 50 en todo el año, en el 2019 se reportaron 84, en el 2018 sumaron 85.
De acuerdo con datos de las autoridades migratorias, las regiones con mayor incidencia por el delito de tráfico ilegal de migrantes son el Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Cuenca del Papaloapan.
Las personas que son detenidas por el transporte de migrantes son canalizadas a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se determina su situación jurídica con sanciones previstas a la Ley Migratoria.
En ello pueden ser acreedores por el diverso a cohecho, por lo que algunos se les imponen medidas cautelares en tanto se llevan a cabo las investigaciones, otros alcanzan penas que van desde los cinco hasta los nueve años de cárcel, esto de acuerdo a la cantidad de personas que transportan de manera ilegal por el territorio mexicano.
