Oaxaca, segundo estado más violento para periodistas

Con 142 mujeres y hombres incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Oaxaca ocupa el segundo lugar en el país con mayor número de profesionales inscritos en esa instancia de un total de mil 501 en el país.

Para prevenir cualquier riesgo derivado de estas actividades el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, expuso la necesidad de contar con una mayor colaboración de las autoridades locales para brindar medidas de protección, pero también atender temas de prevención y acceso pleno a la justicia en casos de agresiones.

Expuso que en cada proceso electoral, periodistas y personas defensoras son altamente vulnerables, por lo que es imprescindible emprender acciones conjuntas e integrales. Recordó que de las 141 personas en el Mecanismo de protección, 121 son defensoras y 21 periodistas.

En el marco de la conferencia para la presentación del Mecanismo, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, expuso que este busca ser la columna vertebral sobre la cual se sostengan acciones interinstitucionales que permitan brindar una atención más eficaz a quienes se encuentren en un situación de riesgo.

Sin embargo, dijo, esta no debe ser la única política pública en materia de protección y requiere que las autoridades estatales y municipales asuman sus responsabilidades, porque en muchos de los casos las autoridades locales son parte del problema e incluso se convierten en perpetradores de las agresiones.

Irazoque Palazuelos resaltó que la impunidad es uno de los grandes retos para garantizar la seguridad de las personas defensoras y periodistas, ya que hay entre un 80 y 90% de impunidad en casos de agresiones, aunado a la corrupción y a la creciente intervención de grupos del crimen organizado.

Insistió en la urgencia de que las autoridades de nivel estatal y municipal asuman su responsabilidad constitucional en materia de protección de periodistas y personas defensoras, pues es el único medio para que el Mecanismo y las autoridades colaboren en forma interinstitucional y logren brindar medidas más eficaces de protección.