En la presente administración del Poder Judicial del Estado, la capacitación, formación, actualización y profesionalización del personal se ha fortalecido en temas enfocados a los derechos humanos, perspectiva de género, pluralismo jurídico, servicios periciales, extinción de dominio y justicia laboral, este último al estar próxima la entrada en vigor de la Reforma en Oaxaca.
Ante la importancia de contar con servidores públicos que cumplan con los estándares de competencia exigidos para brindar un trabajo eficiente, de calidad y profesional, a través de la Escuela Judicial, durante el 2020 se llevaron a cabo 69 acciones estratégicas, con las que se beneficiaron a dos mil 945 personas.
Los esquemas académicos están enfocados a comprender de mejor forma los alcances de las reformas constitucionales en materia de respeto a los derechos humanos con perspectiva de género, además de que se continúa con la actividad de los Estudios de Especialidad Judicial que se imparten en Derecho Civil-Mercantil, Derecho Familiar, Derecho Penal sustantivo, Derechos Humanos y en el Sistema Acusatorio Penal.
Con apego a las disposiciones sanitarias, el Poder Judicial del Estado, como parte de la implementación de la Reforma Laboral en Oaxaca, mediante plataforma digital, se imparte un diplomado especializado, con una duración de cinco meses, en el cual participan cerca de cien profesionistas, entre personal de la institución, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de otras dependencias e integrantes de la comunidad jurídica.
Esta actividad es parte de la fase de actualización que establece el Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia Laboral, implementado a nivel nacional, para lo que se han fortalecido lazos institucionales a través de la coordinación con las instancias competentes, siendo primordial que se cumplan los retos que exige la nueva conformación del sistema de justicia laboral.
Asimismo, durante el 2020 el Tribunal Superior de Justicia del Estado logró la vinculación institucional con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, para que magistradas, magistrados, juezas y jueces del Estado participaran en el Programa de Anti-lavado de Dinero, Extinción de Dominio y Trata de Personas, por lo que se han capacitado en temas relacionados.
