Esperan alerta de género en Oaxaca
Emiten dictamen a Segob
Autoridades del Gobierno del Estado no cumplieron con las propuestas contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres, que ya emitió un dictamen dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) para su valoración.
Con la conclusión del Grupo de Trabajo, la Segob tendrá que declarar o no la alerta de género para Oaxaca, donde se optaría por la primera opción porque la mayoría de las propuestas no fueron cumplidas.
“De once conclusiones, la relativa a las acciones para promover los derechos humanos de las mujeres, particularmente la del derecho de acceso a una vida libre de violencia, se encuentra parcialmente cumplida”.
De la propuesta relativa a la armonización legislativa, la consideraron implementada, toda vez que se presentaron las iniciativas solicitadas, pero es necesario que estas se impulsen, discutan y aprueben en el Congreso local.
De las restantes, estas en definitiva no fueron cumplidas, como la creación de un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, la generación de presupuestos con perspectiva de género, estrategia para la atención específica del fenómeno de violencia que sufren mujeres y niñas indígenas en Oaxaca y la capacitación de la NOM-046.
Así también, no se cumplió con los mecanismos para la supervisión y sanción a servidores y servidoras públicas, debido al incumplimiento de las normas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, así como un programa de capacitación y la revisión del programa estatal PASE, además de la transversalización de la perspectiva de género en instancias de impartición de justicia.
En estas nueve, el Grupo de trabajo señaló que el Gobierno del Estado no trabajó en el marco de los criterios cualitativos señalados en un primer informe, relativos a la “interseccionalidad, enfoque intercultural, transparencia y rendición de cuentas, así como la falta de inclusión plural de las organizaciones sociales, dedicadas a evidenciar y atender la violencia contra las mujeres”.
Señaló que no se modificaron las prácticas estatales que impiden al Estado cumplir adecuadamente sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres como lo expuso el mismo Grupo de Trabajo