El llamado “Plan B” de la reforma electoral alcanzó la declaratoria de constitucionalidad este 14 de abril de 2026, tras ser aprobado por al menos 20 congresos estatales, lo que permite su avance en el proceso legislativo federal. La medida, impulsada desde el Ejecutivo, marca un punto clave en la agenda política nacional, pero también deja al descubierto divisiones entre fuerzas aliadas y cuestionamientos de la oposición.
AVAL ESTATAL Y TRÁMITE LEGISLATIVO
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, se confirmó que la reforma cumplió con el requisito constitucional de aprobación por la mayoría de los congresos locales. Los estados que avalaron la iniciativa son:
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar con el proceso correspondiente.
UNA REFORMA QUE AVANZA ENTRE DIFERENCIAS
Aunque la iniciativa fue aprobada en lo general con el respaldo de partidos como Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, en lo particular el consenso se fracturó, evidenciando tensiones dentro del bloque oficialista.
Incluso, desde tribuna se hicieron llamados a reconocer el papel de los aliados en la aprobación de la reforma. Mientras que voces críticas exigieron transparencia sobre el respaldo estatal.
CAMBIOS CLAVE EN TRES ARTÍCULOS
La reforma contempla modificaciones a tres artículos constitucionales que impactan la organización política y administrativa del país:
- Artículo 115: Refuerza la integración de ayuntamientos con criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
- Artículo 116: Establece límites al presupuesto de los congresos locales, fijándolo en un máximo del 0.70% del gasto estatal, además de incorporar principios de equidad en su integración.
- Artículo 134: Regula los salarios de funcionarios electorales, estableciendo que no podrán superar los topes definidos en la Constitución.
Estos cambios buscan, según sus promotores, fortalecer la equidad y racionalizar el gasto público; sin embargo, críticos advierten posibles impactos en la autonomía de instituciones.
COSTO POLÍTICO Y FRACTURAS
Más allá del contenido, el proceso ha tenido repercusiones políticas. La aprobación de la reforma ha generado tensiones entre partidos que integran la llamada Cuarta Transformación. Particularmente con el Partido del Trabajo.
Desde el ámbito federal se advirtió que las diferencias políticas podrían tener consecuencias electorales:
“Más allá de la alianza… la gente va a decidir”, se ha señalado en el contexto del debate.
ENTRE REFORMA Y POLÉMICA
Aunque el avance del Plan B representa un logro legislativo para el oficialismo, también abre un nuevo capítulo de confrontación política y debate sobre el alcance de los cambios en materia electoral.
El paso al Senado será determinante para consolidar una reforma que, desde su origen, ha estado marcada tanto por su ambición como por la controversia.
