La cifra de fallecidos por la explosión del pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en el oriente de la Ciudad de México, se elevó a 31 víctimas mortales. La última pérdida confirmada es la del Dr. Óscar Uriel García Rivera, médico urólogo de 31 años, quien permanecía hospitalizado tras el siniestro.
El médico, egresado del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, murió el 27 de septiembre, según confirmó la Sociedad Mexicana de Urología. El ISSSTE lamentó públicamente su fallecimiento, recordándolo como parte de su comunidad médica.
EL ESTADO DE LOS HERIDOS: CIFRAS ACTUALIZADAS
De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud capitalina, 13 personas continúan hospitalizadas y otras 40 han sido dadas de alta. Las autoridades informaron que los pacientes aún internados reciben seguimiento médico especializado, y que no se descarta la posibilidad de nuevas complicaciones por las heridas sufridas durante la explosión.
La explosión ocurrió luego de que una pipa de gas impactara contra los muros de contención en una curva de la autopista México-Texcoco. La unidad viajaba desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.
¿QUÉ PROVOCÓ LA EXPLOSIÓN? LA FISCALÍA EXPLICA
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el vehículo realizó una maniobra para cambiar de autopista, lo que provocó el impacto con un muro de contención. El golpe causó una fractura en el contenedor, que permitió la liberación de gas en un radio de 180 metros. Fue en ese perímetro donde una chispa desató el incendio y la explosión.
La fiscalía continúa con las pruebas periciales para determinar con precisión qué causó la fractura del tanque. Si bien ya se confirmó que la colisión fue con un objeto rígido, aún no se ha revelado qué tipo de falla técnica o humana estuvo involucrada.
INVESTIGACIÓN ABIERTA POR HOMICIDIO DOLOSO
El caso permanece judicialmente abierto y se investiga bajo las figuras de homicidio doloso, lesiones dolosas y daños a la propiedad dolosos. La empresa propietaria de la pipa ya compareció ante el Ministerio Público, y ha asegurado su disposición para colaborar con las autoridades.
También confirmó que mantiene activas cuatro pólizas de seguro, aunque hasta ahora no se ha informado si las víctimas o sus familias han recibido compensación alguna.
¿HAY RESPONSABLES? UNA EXIGENCIA SOCIAL PENDIENTE
Este accidente ha encendido las alarmas en torno a la regulación del transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas. La tragedia ha reabierto el debate sobre la responsabilidad del Estado y las empresas privadas en materia de seguridad vial y prevención de desastres.
Mientras los procesos penales avanzan, la opinión pública exige justicia y transparencia.
Organizaciones civiles han comenzado a exigir a la Fiscalía que sancione a los responsables, ya sea por negligencia, omisión o fallas en los protocolos de seguridad.
MÁS QUE UNA TRAGEDIA, UN SÍNTOMA
La explosión del Puente La Concordia no puede leerse solo como un accidente aislado. Es, más bien, un síntoma de la falta de controles efectivos en el transporte de sustancias altamente inflamables en México. Las condiciones de operación, la supervisión técnica de las unidades, la capacitación de los conductores y la vigilancia en carreteras siguen siendo deficientes.
Además, la respuesta del Estado —aunque visible en términos de atención médica— ha sido insuficiente en términos de transparencia y rendición de cuentas. A más de dos semanas del hecho, no hay imputaciones formales ni información clara sobre las responsabilidades individuales o empresariales.
¿Qué sigue?
La ciudadanía y los familiares de las víctimas esperan no solo justicia, sino también reformas que garanticen que tragedias como esta no se repitan. El caso del Puente de la Concordia debe marcar un antes y un después en la forma en que el país regula el tránsito de cargas peligrosas.
