En una resolución que marca el cierre definitivo del proceso penal 7/2026, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz ordenó la libertad inmediata del maquinista Felipe Jesús Díaz Gómez y del jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón, al decretar la extinción de la acción penal en su contra.
La decisión judicial fue posible tras la validación de acuerdos reparatorios avalados por la Fiscalía General de la República y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, instancia vinculada al proyecto ferroviario donde ocurrieron los hechos. Como parte de estos acuerdos, se confirmó el cumplimiento de la reparación integral del daño en favor de 145 víctimas, de las cuales 114 son adultos y 31 menores de edad.
De acuerdo con los resultados de la investigación, se descartó el delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, luego de que los peritajes técnicos concluyeran que tanto las vías como sus componentes se encontraban en condiciones adecuadas y conforme a la normativa vigente al momento del incidente.
En el mismo sentido, auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no detectaron irregularidades que constituyeran delitos en los procesos de contratación, mantenimiento o adquisición de material rodante, descartando así posibles responsabilidades por ejercicio indebido del servicio público.
Respecto al daño en bienes, este cargo también fue desestimado después de que la empresa afectada otorgara el perdón legal, lo que permitió eliminar este elemento del proceso penal.
Con estos elementos, el caso queda formalmente concluido sin responsabilidades penales vigentes, tras privilegiarse un mecanismo de justicia restaurativa que, según las autoridades, garantizó la atención a las víctimas y el resarcimiento de los daños ocasionados.
