A pesar de los avances jurídicos en el país, que han reconocido el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, la criminalización del aborto en México no ha cesado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y agosto de 2025 se abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Este panorama evidencia una fractura entre la legislación y su implementación real: mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto en 2021, las fiscalías continúan procesando casos, incluso en estados donde esta práctica ya es legal.
UNA REFORMA LEGAL QUE NO LLEGA A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS
Desde la resolución de la SCJN en septiembre de 2021, 22 estados han modificado sus códigos penales para permitir el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, la práctica judicial no ha seguido el mismo ritmo.
Fiscalías y ministerios públicos siguen abriendo investigaciones, a veces sin considerar las reformas locales ni la postura de la Corte. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿para qué sirve la despenalización si la persecución continúa?
LOS ESTADOS QUE MÁS CRIMINALIZAN
Tres entidades destacan por concentrar más del 50% de las investigaciones abiertas en la última década:
- Ciudad de México (1,471 carpetas)
- Estado de México (1,252)
- Nuevo León (1,101)
El caso más paradójico es el de la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, lo que convierte a esta cifra en un símbolo del rezago institucional. Entre 2015 y 2024, el número de carpetas abiertas por aborto en la capital aumentó un 41%, al pasar de 131 a 185 casos anuales.
Aunque los datos no especifican si las investigaciones se dirigen a mujeres, personal médico o acompañantes, el impacto judicial y social es el mismo: la criminalización produce miedo, retraimiento y refuerza el estigma.
INCONSISTENCIAS EN LAS CIFRAS Y UNA APLICACIÓN SELECTIVA
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han detectado graves inconsistencias entre los datos del SESNSP y los obtenidos por transparencia, lo cual refleja un problema de fondo: la falta de estandarización en el registro de casos.
En Chihuahua, por ejemplo, el SESNSP reportó 77 carpetas, mientras que los datos oficiales locales sólo reconocieron 74. Esta diferencia, aunque pequeña, es solo una muestra de lo que GIRE considera una práctica opaca y errática en el manejo de información sobre abortos criminalizados.
Además, la criminalización no está directamente relacionada con la población estatal, sino con la voluntad política e institucional de castigar. Un ejemplo claro es Nuevo León, donde a pesar de no ser uno de los estados más poblados, concentra el 14% del total nacional de investigaciones por aborto.
ABORTO LEGAL, ¿PERO NO SEGURO NI LIBRE?
Aunque la SCJN ha dejado claro que penalizar el aborto viola los derechos humanos, la existencia de miles de carpetas de investigación mina ese derecho desde la práctica judicial.
Estos procesos, aunque no siempre terminan en condenas, funcionan como un mecanismo de intimidación. Para muchas mujeres, personal de salud o activistas, ser investigadas por aborto implica vivir un proceso legal que las expone, las desgasta emocionalmente y las estigmatiza.
UN LLAMADO A LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL MARCO LEGAL
El informe de GIRE, Maternidad o castigo, subraya que el aborto no solo debe ser legal, sino accesible, seguro y libre de persecución. Para lograrlo, no basta con reformar los códigos penales: es necesario que ministerios públicos, fiscalías y jueces se capaciten y se alineen con los estándares de derechos humanos establecidos por la SCJN.
Hasta entonces, la brecha entre el derecho escrito y la realidad vivida por miles de mujeres mexicanas seguirá abierta, y el aborto legal continuará siendo una promesa incumplida para muchas.
