El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un importante proyecto de decreto que propone una reestructuración de la Administración Pública Federal (APF), presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma crea nuevas dependencias, entre ellas la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Además, se modifican aspectos relevantes en torno a la transparencia y el lenguaje incluyente en la ley.
NUEVAS DEPENDENCIAS Y REESTRUCTURACIÓN
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la creación de tres nuevas secretarías. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tomará las funciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública, incorporando además la supervisión de transparencia, acceso a la información pública, y la protección de datos personales. También se le asignarán responsabilidades en áreas como la evaluación de la gestión gubernamental, contrataciones públicas y la fiscalización.
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres tendrá como objetivo coordinar, implementar y evaluar políticas nacionales en torno a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, con énfasis en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Esta nueva dependencia también se encargará de la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y coordinará esfuerzos con otras instituciones clave como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en sustitución del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, se encargará de fomentar el desarrollo de la ciencia, la innovación tecnológica y el progreso humanístico en el país. Esta nueva dependencia se verá como un motor para el desarrollo de proyectos de investigación, el impulso de la colaboración internacional y el fortalecimiento de la educación superior.
IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El dictamen también plantea ajustes importantes en cuanto al lenguaje incluyente en los documentos oficiales. Uno de los cambios clave es la sustitución del término “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” por “persona titular del Ejecutivo Federal”, alineándose con un enfoque de mayor inclusividad y equidad de género.
El proyecto de reforma también incluye la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y su sustitución por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta reestructuración tiene como objetivo consolidar el sistema de transparencia y rendición de cuentas, aunque algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre la concentración de poder en manos del gobierno federal.
POSIBLES RIESGOS DE OPACIDAD
La iniciativa recibió críticas por parte de legisladores de la oposición. La diputada Eva María Vázquez Hernández, del PAN, expresó su preocupación por lo que considera un riesgo de opacidad en la nueva estructura. Subrayó que la propuesta de crear la Secretaría de Anticorrupción podría generar una falta de transparencia, especialmente al poner en manos del mismo poder que debe ser vigilado las funciones de acceso a la información y protección de datos personales. Según Vázquez, la propuesta podría abrir la puerta a un uso indebido de la información sensible de los ciudadanos.
De manera similar, la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, también del PAN, argumentó que esta reforma podría debilitar las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, como el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), sugiriendo que al otorgar estas funciones a la nueva Secretaría de Anticorrupción, se pondría en peligro el derecho a la información de los ciudadanos.
El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano, coincidió en señalar que la desaparición del INAI y la creación de esta nueva dependencia representa un riesgo para la transparencia. Aseguró que el gobierno podría volverse juez y parte en las decisiones relacionadas con el acceso a la información pública, lo que, a su juicio, aumentaría la opacidad.
LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES
Otro punto que generó debate fue la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá un papel fundamental en la digitalización de los servicios públicos y en la gestión de la información en el país. Esta agencia se encargará de implementar una política nacional de telecomunicaciones que busque priorizar el acceso, la cobertura, la calidad y el precio de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.
El desarrollo de una identidad digital y el uso de la tecnología para mejorar la atención ciudadana son algunas de las atribuciones más destacadas de esta agencia. Los críticos, sin embargo, señalaron que la centralización de las telecomunicaciones podría dar lugar a control político sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales, lo que afectaría la competencia y la libertad de expresión.
ATRIBUCIONES DE OTRAS SECRETARÍAS
La reforma también plantea cambios en las atribuciones de otras dependencias. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será responsable de investigar y perseguir delitos, con un enfoque en la inteligencia y el análisis estratégico. A su vez, se le otorgarán nuevas funciones de supervisión y coordinación en los centros penitenciarios.
En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asumirá funciones adicionales que estaban en manos de la Secretaría de la Función Pública, incluyendo la coordinación de las Unidades de Administración y Finanzas en las dependencias federales y entidades paraestatales. Esta reforma también incluye la modificación de los procedimientos de contratación pública y la colaboración con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en los procesos de fiscalización.
La aprobación de este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal marca un cambio significativo en la estructura del gobierno federal y su relación con los ciudadanos. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena han resaltado los beneficios de estas reformas en términos de gobernanza digital, igualdad de género y desarrollo científico y tecnológico, las críticas apuntan a una posible concentración de poder y un riesgo de opacidad que podría comprometer los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Finalmente, el futuro de esta reforma dependerá de su implementación y de las medidas que se tomen para garantizar que las nuevas dependencias actúen con imparcialidad y respeten los derechos ciudadanos.
