Ricardo Reyes, coordinador del Programa de Derecho a la Información de la organización Artículo 19, señaló que la iniciativa aprobada en la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el pasado lunes, implica graves riesgos, uno de ellos que la Secretaría de Gobernación pueda aplicar controles más fuertes sobre la información que publica o transmite un medio de comunicación que recibe publicidad oficial.
“La Secretaría de Gobernación no debe concentrar tal facultad, porque actualmente los condicionamientos de las líneas editoriales existen por la gran presencia y la gran complicidad de ciertos medios de comunicación, de varias instituciones de gobierno, gobernadores, políticos y servidores públicos; si reforzamos eso a través de una ley como la que impulsa el PRI con la Segob, sería un retroceso enorme y no beneficiaría en nada a la libertad de expresión y continuarían los excesos de gastos”, señala.
Dijo también que es urgente transparentar a nivel nacional el monto disponible que la Presidencia de la República ejerce en materia de publicidad en los distintos medios informativos del país, que es para este año es de 9 mil millones de pesos.
Otro motivo de alerta para Ricardo Reyes, es que la iniciativa en comisiones para sacar la ley de publicidad gubernamental, que avalan el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados: Partido Verde y Nueva Alianza, establece que la Ley General de Comunicación Social entrará en vigor hasta enero de 2019.
“Estos partidos no quieren que se regule la publicidad oficial y menos en una temporada como la que estamos viviendo, a escasos meses de elecciones, si se llega a aprobar esta iniciativa y empieza a funcionar el 1 de enero de 2019 vamos a tener unas elecciones en total descontrol del gasto presupuestal y su asignación para medios de comunicación”.
Artículo 19 también ha llamado a los grandes consorcios de medios de comunicación, a las grandes televisoras, radiodifusoras y periódicos de circulación nacional, a emitir un pronunciamiento respecto a esta iniciativa que pretende ser aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 16 de abril.
La organización internacional publicó el pasado 20 de marzo una radiografía que demuestra que de los más de 40 mil millones de pesos que ha entregado el Gobierno de la República a medios de comunicación en este sexenio, 50 por ciento lo han recibido únicamente 20 medios de comunicación.
En 2017, de los recursos entregados a la prensa escrita, 42 por ciento fueron a un solo medio: el periódico Excélsior; La Jornada tomó el 10 por ciento; Milenio 9 por ciento y El Universal 6 por ciento.
Pese a que el colectivo #MediosLibres presentó una propuesta para que la Comisión de Gobernación en San Lázaro abriera el espacio para la discusión de la Ley General de Comunicación Social al análisis de especialistas, académicos y periodistas, el trabajo del PRI en el Congreso ha ido en sentido contrario, “simulando la participación de la sociedad civil”, dijeron.
Entre las propuestas que han pedido se integren a la iniciativa está que la publicidad oficial se distribuya conforme a criterios claros, transparentes y objetivos. Artículo 19 ha pugnado porque los recursos que gastan los gobiernos federales, estatales y municipales, se transparenten, para que los ciudadanos sepan a quién le paga el gobierno y las causas del uso de ese dinero.
Asimismo, demanda a los diputados que la publicidad oficial no sea asignada por los gobiernos para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.
