A casi un mes que el congreso local determinó la desaparición de poderes en el municipio de Zapotitlán Palmas, el conflicto político social persiste en esta comunidad ubicada en la región de la Mixteca oaxaqueña.
Aunque las autoridades estatales ya nombraron al comisionado provisional, a la fecha no han existido condiciones para poder acceder a la comunidad, esto debido al conflicto entre dos grupos que se disputan el poder político.
En fechas recientes, el Congreso del Estado de Oaxaca nombró a Fernando Molina Alcántara como comisionado provisional, esto luego que el paso 21 de junio se declarara la desaparición de poderes con la cual se destituyó a todo el cabildo.
En este contexto, la depuesta presidenta municipal Inés Martínez Reyes, ha reiterado su postura que el grupo político contrario incurrió en violencia política por razón de género para evitar que realizara sus funciones, por lo que ahora continúa su lucha en los órganos jurisdiccionales federales para tratar de revertir la determinación del poder legislativo estatal.
En ello, los dos grupos que se disputan el poder de la comunidad, uno encabezado por la ex edil y el otro por el ex síndico José Longinos Martínez, se acusan mutuamente de diversas irregularidades y han solicitado la intervención de diversas fuerzas políticas para dar a conocer sus respectivas denuncias.
Por una parte, Martínez Reyes acusó al ex síndico de estar protegido por un grupo de políticos del partido Morena, en tanto seguidores de Longinos Martínez han señalado que la ex presidenta municipal es cobijada por representantes del Partido del Trabajo (PT).
Dentro de la comunidad, los grupos en pugna también han señalado que la asamblea ya cuenta con un nuevo comité mediador del conflicto político social, pero hasta la fecha no se ha permitido el ingreso del comisionado provisional que administrará de manera temporal los recursos de la comunidad.
Además, la ex edil Inés Martínez Reyes ha señalado que no sido notificada formalmente sobre la desaparición de poderes, por lo que exige la intervención de las autoridades estatales y federales para generar las condiciones necesarias de gobernabilidad en su comunidad y acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que acreditó violencia política con razón de género a su favor para que pueda retomar sus funciones.
