La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, I.S.J.R., fue víctima de un secuestro ocurrido el 24 de febrero de 2026 durante una sesión del Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se discutía su revocación de mandato. Tras la votación en contra de la propuesta, un grupo ingresó al recinto, sometió a la alcaldesa. Luego, la obligó a subir a una camioneta habilitada como ambulancia, retirándola del lugar.
OPERATIVO DE RESCATE
La rápida movilización permitió el rescate de I.S.J.R. y la detención de 24 personas involucradas. Entre ellas, 13 mujeres y 11 hombres. Entre los arrestados se encuentra el conductor del vehículo utilizado en el secuestro.
El operativo contó con la participación de múltiples cuerpos de seguridad, incluyendo la Policía Estatal, Policía Vial, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial. Entre otros, quienes coordinaron esfuerzos para ubicar el vehículo y rescatar a la víctima.
DELITOS Y PROCURA DE JUSTICIA
Los detenidos enfrentan cargos por secuestro y violencia política por razón de género. Por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y de la unidad Especializada en Combate al Secuestro, junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Por otra parte, el Ministerio Público determinará la situación jurídica de cada implicado.
CONTEXTO Y RESPONSABILIDAD
Los hechos ocurren en un contexto de alta tensión política en la región. Donde la violencia y las presiones contra autoridades locales han generado preocupación por la seguridad de funcionarios electos.
Además, la acción evidencia la necesidad de reforzar medidas de protección y prevención frente a delitos de alto impacto que amenacen la gobernabilidad y los derechos políticos.
INVESTIGACIÓN INTEGRAL
Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca destacó que continúa con investigaciones integrales y multidisciplinarias, con equipos especializados, para esclarecer los hechos. Además, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, sin permitir impunidad por delitos de alto impacto.
