De Uruapan a Oaxaca: la violencia política no se detiene

El edil fue atacado a balazos en plena festividad de Día de Muertos, frente a decenas de personas, sin que hasta ahora se conozca quién ordenó el crimen.
El caso ha provocado indignación en todo el país, pero también ha servido para mirar hacia el sur, donde Oaxaca vive una situación igual de preocupante.
Oaxaca: un foco rojo constante
Durante los últimos años, Oaxaca ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia política.
Ser presidente municipal en esta entidad puede costar la vida.
Entre 2017 y 2025, más de 30 autoridades municipales —entre ediles, exediles y electos— han sido asesinadas.
Durante el sexenio del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, la violencia alcanzó niveles alarmantes:
• Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Tlaxiaco, fue asesinado el 1 de enero de 2019, minutos después de tomar protesta.
• Arturo García Velázquez, edil de Jalapa de Díaz, fue ejecutado el 23 de diciembre de 2019.
• Otros casos se registraron en municipios como San Pedro El Alto y San Bartolomé Loxicha.
Las promesas de justicia se repitieron una y otra vez, pero los responsables casi nunca fueron detenidos.
La violencia continúa con el actual gobierno
Con el arribo de Salomón Jara Cruz al gobierno en 2022, los ataques no se detuvieron.
Solo en el último año, tres alcaldes fueron asesinados en circunstancias violentas:
• Román Ruiz Bohórquez, presidente de Candelaria Loxicha, fue baleado dentro de su domicilio.
• Mario Hernández García, edil de Santiago Amoltepec, murió emboscado en carretera junto a su chofer.
• Lilia Gema García Soto, presidenta de San Mateo Piñas, fue ejecutada dentro del palacio municipal.
En todos los casos hubo comunicados oficiales de “condena y solidaridad”, pero pocas investigaciones reales y ningún avance público.
Los ataques muestran que ni el cambio de gobierno ni las nuevas estrategias de seguridad han logrado proteger a las autoridades locales.
Causas que se repiten
De acuerdo con investigadores y activistas consultados, detrás de estos asesinatos hay conflictos políticos, disputas por recursos, rivalidades comunitarias y presencia del crimen organizado.
En comunidades rurales, la mayoría de los municipios no cuenta con policías capacitados ni con equipo suficiente para resguardar a sus autoridades.
“Muchos alcaldes viajan sin escoltas y viven en las mismas casas de siempre. Son blancos fáciles”, señala un funcionario de seguridad estatal que pidió anonimato.
Impunidad y silencio
Pese al número de casos, no existe una base de datos pública que concentre los asesinatos de autoridades municipales en Oaxaca.
Cada expediente queda en manos de la Fiscalía General del Estado, y la información se pierde entre carpetas abiertas y procesos inconclusos.
Mientras tanto, las comunidades quedan sin gobierno y las familias sin justicia.
Una tragedia normalizada
El caso de Uruapan volvió a encender los reflectores, pero en Oaxaca la violencia política parece ya normalizada.
Cada nuevo asesinato se vuelve una nota más en la prensa local, sin resultados, sin castigos y sin memoria institucional.
Ser autoridad municipal en México, y especialmente en Oaxaca, es gobernar con miedo y bajo amenaza.
Y mientras los discursos oficiales prometen paz, las balas siguen decidiendo la política local.