Por el presunto desvío de recursos públicos que ascienden a más de 5 millones 800 mil pesos, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Oaxaca, la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Gabriela Adriana Díaz Pérez.
Mediante una asamblea informativa que se llevó a cabo este domingo en dicho municipio, las concejales y personal de la sindicatura municipal, dieron a conocer el modus operandi de la edil para esfumar los recursos públicos que debieron haberse invertido en obras sociales.
Ángel García García, asesor encargado para la integración de las carpetas de investigación, explicó que, tras detectar los desvíos de los recursos se aportaron todos los datos de las pruebas testimoniales y documentales necesarios para presentar las denuncias correspondientes.
En primera instancia teníamos conocimiento que algunos de llos rubros eran recursos federales por eso se dio vista la Fiscalía General de la República y de manera paralela también a la Fiscalía Anticorrupción estatal”.
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Detalló que se rastrearon las facturas y todos los documentos que se ocuparon para poder obtener los recursos, uno los estos se obtuvo mediante una firma de convenio con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Para hacer los movimientos, la presidenta municipal con el apoyo de su personal cercano, al parecer falsificaron la firma y el sello del Síndico Municipal, por lo cual se le podría fincar otras responsabilidades”.
El asesor destacó que, por el momento el monto detectado asciende a poco más de 5 millones 800 mil pesos, de los cuales 4 millones de pesos se habrían comprobado con una factura apócrifa con la cual comprobaron supuestos trabajos de rastreo y mejoramiento de las calles de las colonias República, Nuevo México y Santa Cruz, sin embargo, dichos trabajos jamás se llevaron a cabo.
También se comprobaron gastos de supuestos programas de capacitación al personal del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas que jamás se llevaron a cabo, son muchas irregularidades”, afirmó Ángel García.
Dijo que, en el transcurso de los últimos meses se han recabado todos los documentos para aportarlos como pruebas y solamente faltan algunas pruebas periciales para que las instancias correspondientes puedan judicializar la carpeta de investigación.
En primer lugar estamos hablando de un delito por la falsificación de los documentos, firmas y sellos, así como otro delito por peculado por haber extraído más de 5 millones 800 mil pesos”, apuntó.
