El desplazamiento forzado en Oaxaca se ha recrudecido durante el actual sexenio, pues de las mil 609 víctimas registradas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde 2010, el 80.8 por ciento fueron afectadas en casos ocurridos en 2017 y 2018.
Tan solo en lo que va de 2018, 300 personas fueron despalzadas del municipio de San José Obrero Paso Ancho; también fueron obligadas a salir de su lugar de origen 78 familias de San Miguel Copala, que se mantienen en plantón frente al Palacio de Gobierno.
De un informe elaborado por la Defensoría a partir de una solicitud de transparencia presentada por EL IMPARCIAL, se desprende que desde 2010, por conflictos políticos, religiosos y agrarios, 334 familias y mil 609 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno.
Entre los casos que han afectado a un mayor número de pobladores destacan los registrados en 2017 en la agencia municipal de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, de donde salieron 769 personas que se refugiaron en la cabecera del ayuntamiento y en el municipio vecino de San Pedro Ocotepec a causa de un problema político y de límites territoriales.
También el año pasado se registró un conflicto político que obligó a 191 pobladores de Tierra Negra, San Juan Mazatlán Mixes, a reubicarse en el municipio de Matías Romero. 55 salieron de su la comunidad de San Juan Cotzocón a causa de un conflicto político.
En 2010 se registró el desplazamiento de 135 familias de San Juan Copala, en la zona triqui; en 2013, 200 personas tuvieron que salir del municipio de San Juan Cotzocón para resguardar su seguridad. Del municipio de Zimatlán de Lázaro Cárdenas fueron desplazadas 79 personas por un conflicto agrario.
Por número de casos, desde 2010 suman 44, de los que 19, 43.18 por ciento, ocurrieron entre 2017 (12) y 2018 (7).
En lo que va de 2018 la Defensoría ha documentado que por un conflicto religioso seis personas fueron desplazadas de Santiago Choápam; por causas no identificadas, una persona fue obligada a salir de Santa Ana Tlapacoyan, Zimatlán; una más de San Francisco Cahaucua, Sola de Vega; una de San Pedro Quitoni, Tlacolula; y otra de San José Quianitas, Santa María Quiegolani.
En 2017 también se registraron los casos de Nuevo Zoquiapan, de donde salieron cuatro personas por un motivo aún no identificado; de San Juan Atepec, una persona fue desplazada; de San Ildefonso Villa Alta, una más; de San Juan Mazatlán Mixe, ocho; dos de Santa María Quiegolani; 12 de San Cristóbal Suchixtlahuaca; una de Villa Chilapa de Díaz; una de Silacayoápam; una de San Antonio Huitepec.
Demandas internacionales
Algunos de los casos de desplazamiento forzado en Oaxaca han sido atendidos por instancias de derechos humanos internacionales. En julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) denunció la presunta desaparición de Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández y la supuesta invasión a la comunidad de Lázaro Cárdenas por aproximadamente mil 500 personas procedentes de un municipio vecino, “lo cual estaría colocando en una situación de riesgo a todos los habitantes de la comunidad mixteca”.
El conflicto irresuelto entre Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera provocó en 2015 el desplazamiento de 79 personas de Zimatlán de Lázaro Cárdenas. Este año entre marzo y abril se registraron nuevos ataques de comuneros de Nopalera contra habitantes de Zimatlán.
Incompetencia de autoridades
Por los casos de desplazamiento forzado, la DDHPO ha emitido únicamente tres recomendaciones, una en 2014 hacia la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría estatal y el ayuntamiento de Cotzocón; dos más para ayuntamientos, los de San Pedro Pochutla y San Juan Mazatlán, Mixe.
En el caso de San Juan Mazatlán Mixe, la DDHPO documentó que el desplazamiento forzado es una violación al derecho a no ser desplazado.
El artículo 11 de la Constitución nacional protege la libertad de entrar y salir de la república mexicana; de viajar por su territorio y de mudar de residencia.
En el caso de Mazatlán, el seguimiento de violaciones a derechos humanos parte desde abril de 2012, cuando a través del expediente DDHPO/48/RIX/(14)/OAX/2012 la autoridad municipal tuvo conocimiento de la medida cautelar emitida en favor de 99 desplazados, sin embargo, no realizó pronunciamiento ni rindió el informe solicitado por la DDHPO.
La Defensoría documentó además que no solo las autoridades municipales impidieron el libre tránsito de los afectados, sino que estuvieron implicadas entidades del Gobierno del Estado.
“El presidente y el síndico municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, así como autoridad de la comunidad de Los Valles, han vulnerado el derecho a libre circulación y residencia a las personas desplazadas de la comunidad de Los Valles… a las personas desplazadas no se les permite ni siquiera acercarse a los accesos a la comunidad de los Valles.
“Así también se tiene acreditado que el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de las instancias que han tenido conocimiento y participación en busca de la solución del conflicto que originó los hechos materia de la presente recomendación, han vulnerado el derecho de circulación y de residencia por restricciones de facto, pues éste ha incumplido con el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras mediante las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho a libre circulación y residencia”, expuso en la recomendación 4/2016.
“A raíz del desplazamiento forzado que vivieron los agraviados y sus familias y la falta de garantías para su retorno, se desencadenaron violaciones o la puesta en peligro de otros derechos humanos, pues dicha condición siempre genera condiciones de sufrimiento para las poblaciones afectadas”.
