La Secretaría de Seguridad Pública detectó nueve empresas de seguridad privada operando irregularmente en 2018, tres de las cuales decidieron suspender sus servicios tras las revisiones; seis iniciaron el proceso de regularización.
De acuerdo con la dependencia, en el estado 91 empresas brindan servicios de seguridad privada. 33 son del estado y el resto son foráneas, que deben contar con permiso estatal y federal para poder operar. En total hay mil 265 elementos en operación.
Entre los requisitos que deben cumplir se encuentra la carta de antecedentes no penales de cada elemento o trabajador y su incorporación al Registro Único Policiaco.
La Dirección de Servicios de Seguridad Privada de la SSP cuenta con una página en internet de las empresas que están regularizadas.
Carlos Rubén Ramírez García, director del área, señaló que por normatividad cada empresa debe dar un reporte mensual a la dirección de su forma de operar, especificando si hay elementos que han sido dados de baja.
De acuerdo a los reglamentos de la SSPO, las empresas de seguridad privada deben tener un permiso del estado para poder operar en la zona, por medio del cumplimiento de al menos 21 requisitos, como el acta constitutiva, registro federal de contribuyentes, contrato de adhesión, manual operativo, tarjeta de circulación si cuentan con vehículos, exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de los elementos, fotografía y huella, identificación oficial, entre otros.
Algunas de las modalidades de servicios que brindan las empresas de seguridad privada en el estado son: protección y vigilancia de personas, de bienes inmuebles, custodia de traslado de valores, protección o vigilancia de equipos de seguridad, búsqueda o información de personas.
Por disposición de las autoridades de seguridad pública, todos los elementos deben recibir la capacitación para la modalidad en la que están establecidos, sin importar el rango de edad. Esto último lo establece cada empresa de seguridad privada, por los servicios que desea ofrecer.
Particulares, empresarios o instituciones pueden solicitar el servicio de elementos para mera vigilancia, o con alta especialización para la actuación ante casos delictivos, con portación de arma de fuego.
“Ahí las empresas deciden sin contratan a personas que porten uniforme, que vayan de civil, con arma o con tolete”, expresó el funcionario.
La mayoría de las empresas de seguridad privada prestan sus servicios al sector privado, pero algunas también apoyan en la vigilancia en instituciones educativas o del sector salud.
