Para el abogado de imputados y fundador de la asociación “Litigio Estratégico Indígena”, Carlos Morales Sánchez, el problema para la implementación del nuevo Sistema de Justicia penal acusatorio adversarial es la capacitación, sobre todo a policías, abogados particulares, ministerios públicos, peritos y algunos jueces.
Defensor de este nuevo sistema oral, el entrevistado rechazó las críticas que aseguran mayor protección a los presuntos culpables, al señalar que el problema es el desconocimiento que aún se tiene de este procedimiento y la condena que se ha hecho en las redes sociales.
“Hoy no creo que sea un problema de normas o de endurecerlas; la solución no es revertir este proceso, se necesita que las personas conozcan este sistema y que las policías sepan qué hacer en una detención para que no violen derechos humanos y se construyan los cimientos de un nuevo juicio”.
Al reconocer que errores van a existir por parte de los operadores y que las autoridades han hecho un esfuerzo para que el sistema camine, el abogado también admitió que a la fecha no hay un escenario ideal, “pero se va caminando”.
“Se debe esperar más para hacer una evaluación más objetiva y los abogados tienen el deber de prepararse más”, expuso el entrevistado, al insistir que la ciudadanía por medio de las redes sociales se ha convertido en un juez de la actuación de las autoridades, pero también debe tener mayor conocimiento del tema.
De un sistema penal escrito a uno oral
Morales Sánchez destacó además que aún no se tiene el conocimiento pleno de aspectos técnicos de la nueva manera de litigar, porque muchos no están acostumbrados a sentarse en un foro, tomar el micrófono y hablar ante un juez.
“Habían acostumbrado en las universidades a argumentar en el privado de los despachos y construir un escrito, despacio y con calma, pero no enseñaron a argumentar, debatir y presentar pruebas”.
Al no tener esa formación, muchos abogados y operados rechazaron este nuevo sistema, en el cual el Gobierno federal invirtió mucho en capacitación, pero que fue insuficiente.
Para la asociación Litigio Estratégico Indígena, en el procedimiento escrito el problema más grande era que el Ministerio Público tenía en el tema probatorio los dados cargados a su favor. “El agente del MP era una autoridad con fe pública y la defensa tenía que probar en contra de esa prueba; destruirla era difícil porque estaba revestida de esa fe”.
Ante estas circunstancias, había en los juzgados penales un total de 90% de procesos con sentencias condenatorias y solamente el 10% sentencias que absolvían.
“Había un parte que tenía recurso, perito y fe pública, y la otra parte estaba solito, enfrentándose a ese monstruo”, añadió el abogado, al señalar que el nuevo sistema acusatorio adversarial postula una igualdad entre las partes y agiliza el proceso.
“Los abogados que estaban acostumbrados a litigar con el viejo sistema, que a pesar de ser injusto era incómodo, pensaron que el nuevo sistema ya no iba a ser sostenido ni reforzado por la actual administración presidencial, pero la necesidad de un nuevo sistema más justo y equilibrado, es una realidad impostergable”.
