Pese a que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha venido manifestando que los recursos deben llegar a los verdaderos campesinos, productores, artesanos o beneficiar los que menos tienen, en Juchitán se sigue preservando el beneficio a los grupos políticos quienes aprovechan estos recursos.
Tal es el caso del pago por siniestro del año 2017 que debería de pagarse a los campesinos, situación que ha derivado inclusive en cierres carreteros y que ahora bajo acuerdos políticos avalados por Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura (SEDAPA) se entregarán a 10 organizaciones que se dicen representantes de campesinos y productores.
Sin embargo, pese a estos acuerdos, surgieron inconformidades por la distribución de las 1400 hectáreas registradas por la aseguradora de las cuales 630 hectáreas son de maíz y 760 de sorgo, por un monto de 2 millones 100 mil pesos, a razón del pago de mil 500 pesos por hectárea.
En la reunión que sostuvieron en las instalaciones de COPLADE de Ciudad Ixtepec, se acordó la distribución del recurso del programa “Componente de Atención a Desastres Naturales del ciclo primavera-verano 2017 de la siguiente manera: Dr. Vicente López Figueroa de la organización módulo de riego número 11, 50 hectáreas; Jauri Charis Guerra/Jesús López López y Emilio Velázquez García de la organización “representante de productores de sorgo de Juchitán”, 300 hectáreas; Obed Sánchez Sánchez de la organización “FAPAGRI”; 250 hectáreas; Leopoldo De Gyves de la Cruz de la organización COCEI ML, 200 hectáreas; Tomas Chiñas Santiago de la organización TonaTaati’, 200 hectáreas; Eden Bravo de la Cruz de la organización “Movimiento Unido por la Defensa del Pueblo”, 50 hectáreas; Luis Nicolás Vázquez de la organización “ALPI”, 50 hectáreas; Manuel Niño Sánchez Ruiz de la organización UCO, 300 hectáreas.
De estos grupos Obed Sánchez y Luis Nicolás, no quedaron conformes y piden el pago de 50 hectáreas más, lo que derivó que el pasado domingo, se presentaran problemas durante la conferencia en la que se habría de anunciar este acuerdo, haciendo que el director de operación y seguimiento de la SEDAPA Nicolás Salva Barrera y el diputado federal Víctor Blas López quien por cierto fungió en calidad de testigo se retiraran antes de dar inicio.
Pese a esto el regidor de Desarrollo Agropecuario del ayuntamiento juchiteco Tizoc Morgan de la Cruz, anunció que la próxima semana se afectará el pago correspondiente, reconociendo esta manera de acuerdos políticos al no existir un padrón de campesinos y productores, por lo que se iniciará con este trabajo a la mayor brevedad, para que se tenga en verdad a los verdaderos beneficiarios y se evite en lo posterior continuar con estas prácticas “clientelares” o de “asistencialismo político”, no sin antes dejar en claro que por ahora no hay la certeza de que se beneficie a los verdaderos campesinos o productores, además de mencionar que las aseguradoras no realizan la verificación y salen beneficiadas con algún recurso, pues las hectáreas que se siembran en Juchitán son más de las 1400 consideradas.
Mientras que Luis Nicolás de la organización Acción Libertaria de los Pueblos del Istmo, dijo estar dispuesto a que se coteje la documentación de los productores, para que se dé un proceso transparente en el pago y no se beneficie a quienes nada tiene que ver con el campo, de lo contrario podrían llevar a cabo movilizaciones en los próximos días.
