La tensión en el transporte público escaló este miércoles en Santo Domingo Tehuantepec, donde cientos de mototaxistas bloquearon el centro de la ciudad para rechazar la operación de un nuevo grupo que, aseguran, circula sin permisos legales.
Los inconformes señalan que 17 unidades del grupo denominado “Jireh” comenzaron a prestar servicio sin contar con concesión, lo que consideran una violación directa a los acuerdos establecidos con autoridades estatales y municipales.
RECHAZO A NUEVAS UNIDADES SIN PERMISO
La protesta se concentró frente al palacio municipal, donde los transportistas exigieron la intervención de autoridades locales, así como de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, para frenar lo que calificaron como “pirataje”.
De acuerdo con los manifestantes, en Tehuantepec existe un acuerdo previo para no autorizar más mototaxis, debido a la saturación del servicio.
SEÑALAMIENTOS DIRECTOS A ACTORES POLÍTICOS
Durante la movilización, surgieron acusaciones contra figuras públicas. La dirigente de la CATEM, Selene Palmero, afirmó que las unidades estarían vinculadas a la diputada Dennis García Gutiérrez y a su entorno.
También señaló a la titular de la Semovi, Yesenia Nolasco, a quien acusó de permitir la circulación de estas unidades.
Según sus declaraciones, la introducción de los mototaxis se habría dado “bajo el amparo” de autoridades, lo que —afirmó— rompe con los acuerdos previamente establecidos con el gremio.
ACUSACIONES DE VENTAJA POLÍTICA
Los inconformes sostienen que el conflicto no es solo operativo, sino político.
“Por estar en la cúpula del poder pueden violar los acuerdos”, denunciaron, al considerar que existe trato preferencial para ciertos grupos.
Estas acusaciones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, reflejan el clima de desconfianza entre transportistas y autoridades.
UN PROBLEMA RECURRENTE EN EL TRANSPORTE LOCAL
El conflicto por mototaxis sin concesión no es nuevo en la región del Istmo, donde la proliferación de unidades irregulares ha generado disputas constantes entre organizaciones y autoridades.
La falta de regulación efectiva y el crecimiento desordenado del servicio han convertido al sector en un foco de tensión social.
SIN RESPUESTA INMEDIATA
Hasta el momento, no se ha informado de acciones concretas por parte de las autoridades para resolver el conflicto. Mientras tanto, los transportistas advierten que mantendrán la presión hasta que se retiren las unidades que consideran ilegales.
El caso pone nuevamente en evidencia los vacíos en la regulación del transporte público y la dificultad de hacer cumplir acuerdos en contextos donde convergen intereses económicos y políticos.
