El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciaron nuevas sanciones contra individuos y empresas vinculados al Cártel de Sinaloa en esta región turística del noroeste mexicano. La designación, realizada bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, revela una compleja red de lavado de dinero, corrupción política y protección institucional al servicio de la facción conocida como “La Mayiza”, liderada por los hermanos Arzate García.
EL PODER TERRITORIAL DE “EL AQUILES” Y “LA RANA”
Alfonso y René Arzate García, alias “El Aquiles” y “La Rana”, encabezan desde hace más de una década el control criminal en Tijuana, Rosarito y Tecate. Operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada, han convertido esta zona fronteriza en una plataforma clave para el tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California.
Según reportes de la DEA y la Fiscalía General de la República (FGR), los Arzate mantienen su dominio a través de un aparato armado local y una red financiera que blanquea millones de dólares mediante negocios fachada. Sus nombres figuran en procesos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico, además de estar involucrados en actos de violencia, cobro de piso y control territorial en zonas turísticas.
EMPRESAS, SICARIOS Y PROTECCIÓN OFICIAL: EL ENGRANAJE NARCO EN ROSARITO
Las sanciones de EE.UU. alcanzan a empresas vinculadas a esta estructura criminal, entre ellas el consorcio turístico Broadwalk Empire, señalado por operar como plataforma de lavado de dinero y contar con protección de autoridades locales. Según el informe de la OFAC, esta red recibió apoyo logístico de sicarios del Cártel de Sinaloa y la colaboración de funcionarios del gobierno municipal.
Entre los nombres que emergen destaca el de Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito (2019–2021) y actual diputada federal por Morena. Aunque no ha sido procesada judicialmente en México, Brown aparece en reportes de inteligencia por presuntamente facilitar el avance del crimen organizado durante su gestión.
LA DIPUTADA DE MORENA Y LOS VÍNCULOS CON EL NARCO
De acuerdo con las investigaciones, durante la administración de Brown Figueredo, operadores del cártel como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre actuaron como enlaces entre los Arzate y el gobierno municipal. Estos personajes habrían negociado pagos de extorsión y ofrecido protección a las actividades del grupo criminal a cambio de beneficios económicos y control político.
Brown, fundadora de Morena en Baja California, fue regidora entre 2010 y 2013 y diputada local antes de convertirse en alcaldesa de Rosarito. Su carrera política se proyectó en 2021 cuando fue electa diputada federal por el distrito 8. Actualmente forma parte de comisiones legislativas relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos fronterizos. No obstante, sus opositores han denunciado presuntos vínculos con operadores financieros del narcotráfico.
LA RESPUESTA DE ESTADOS UNIDOS: PRESIÓN FINANCIERA PARA DESARTICULAR LA RED
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro incluyen la congelación de activos en territorio estadounidense, la prohibición de relaciones comerciales con ciudadanos de EE.UU. y la inclusión de los implicados en listas de vigilancia. Para las autoridades norteamericanas, el objetivo es cortar el flujo económico que sostiene a la facción “La Mayiza” y desarticular su influencia sobre las instituciones locales.
Además de los hermanos Arzate, otros implicados son empresarios de Rosarito, colaboradores de gobiernos municipales anteriores y actores del sector turístico que habrían prestado servicios o estructuras para el lavado de dinero.
NARCOPOLÍTICA A LA VISTA: ¿HABRÁ CONSECUENCIAS EN MÉXICO?
A pesar de la contundencia de las sanciones estadounidenses, el gobierno mexicano no ha emitido pronunciamientos formales sobre las implicaciones políticas del caso, ni ha abierto investigaciones públicas contra Brown Figueredo o los demás actores mencionados. Esto ha desatado críticas por parte de organizaciones civiles, que exigen transparencia y acciones concretas contra la infiltración del narco en las estructuras de gobierno local.
La situación en Rosarito ilustra con crudeza cómo el crimen organizado no solo controla territorios, sino que penetra los resortes del poder político y económico. La colaboración entre actores institucionales y estructuras criminales ha permitido al Cártel de Sinaloa consolidar un dominio que va más allá de las armas: alcanza las oficinas públicas, los contratos, las licencias y las decisiones políticas.
UN ESPEJO INCÓMODO PARA EL DISCURSO OFICIAL
En medio de un discurso oficial que niega la existencia de pactos con el narco, los señalamientos en contra de una legisladora federal de Morena por parte del gobierno de EE.UU. representan un desafío incómodo para la narrativa presidencial. Mientras las sanciones desde Washington se endurecen, el silencio desde Palacio Nacional se vuelve ensordecedor.
