Un escenario de terror se vivió en el estacionamiento de un Walmart en Omaha, Nebraska, cuando una mujer de 31 años, identificada como Noemí Guzmán, fue abatida por la policía tras tomar como rehén y herir de gravedad a un niño de apenas tres años. El incidente ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre el seguimiento a pacientes con trastornos psiquiátricos severos.
SECUESTRO CON ARMA BLANCA
Los hechos iniciaron dentro del establecimiento, donde Guzmán sustrajo un cuchillo de cocina de gran tamaño. Con el arma en mano, abordó a un menor que se encontraba en su carrito de compras. Bajo una presión violenta, la agresora obligó a la cuidadora del niño a caminar frente a ellos, utilizando al pequeño como escudo humano mientras se dirigía a la salida sur del local.
EL DESENLACE: RESPUESTA POLICIAL
La intervención de las autoridades fue casi inmediata. Al llegar al estacionamiento, los agentes confrontaron a Guzmán, quien mantenía el cuchillo cerca del cuerpo del menor. A pesar de las reiteradas órdenes de los oficiales para que soltara el arma, la mujer ignoró las advertencias y comenzó a agredir físicamente al niño.
Ante la brutalidad del ataque y el riesgo de un desenlace fatal para el infante, dos oficiales abrieron fuego.
“Pese a recibir múltiples órdenes de soltar el arma, Guzmán se negó y comenzó a apuñalar al niño. Ante el peligro inminente, dos oficiales dispararon sus armas reglamentarias”.
Guzmán fue declarada muerta en la escena por las heridas de bala recibidas.
ESTADO DE SALUD DEL MENOR Y FALLAS EN EL SISTEMA
El niño fue trasladado de emergencia al Children’s Nebraska, presentando heridas profundas en el rostro y una mano. Tras ser intervenido quirúrgicamente, los reportes médicos indican que, afortunadamente, su vida no corre peligro y se encuentra en recuperación.
La crítica principal recae en el historial de la agresora. Se confirmó que en 2024, Guzmán había sido declarada “no culpable por razón de demencia” en un caso previo de incendio provocado. Aunque se encontraba bajo tratamiento ordenado por un tribunal, la supervisión falló, permitiendo que una persona con antecedentes de alta peligrosidad deambulara armada en un espacio público.
