La Embajada de Israel en México ha aclarado que, a pesar de la solicitud ya presentada ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, aún no se ha establecido una fecha definitiva para la extradición del exdiplomático Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación. El proceso ha sido descrito como “largo y complejo”, lo que contradice la información previamente difundida por algunos medios, que anticipaban que la extradición tendría lugar el 16 de octubre.
Aunque el Tribunal de Israel ya ha recibido una solicitud para que Roemer permanezca bajo custodia hasta que se concluya el procedimiento de extradición, la determinación sobre su detención se establecerá en una audiencia programada para dentro de dos semanas. Dada la complejidad de estos procesos, la representación diplomática ha mencionado que las audiencias podrían extenderse por varios meses.
Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, declaró que actualmente la solicitud satisface todas las condiciones necesarias para que la extradición se realice. Sin embargo, destacó la incertidumbre sobre la duración exacta del proceso en el Tribunal, indicando que “tan pronto como el Tribunal apruebe la extradición, esta podrá llevarse a cabo”.
El exdiplomático y escritor Andrés Roemer fue apresado por las autoridades israelíes el 1 de octubre, después de evadir a la justicia mexicana por un periodo de dos años y medio. En mayo de 2021, se libró una orden de arresto en su contra debido a acusaciones de abuso sexual y violación. Según el colectivo feminista Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), aproximadamente 60 mujeres han acusado a Roemer de cometer abusos, a menudo usando propuestas laborales o promociones como medio de coacción.
Además, Roemer enfrenta cinco órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Es importante mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ha intervenido, bloqueando las cuentas del exdiplomático por sospechas de operaciones con recursos de origen ilícito. A esto se suma una ficha roja emitida por Interpol para su detención, tras una orden del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Se le acusa de invitar a sus presuntas víctimas a su domicilio con pretextos laborales, sometiéndolas a abusos y posteriormente intentando silenciarlas con ofertas de dinero.
