La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, lanzó una advertencia directa contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, al asegurar que su gobierno no sólo busca combatir a los cárteles, sino también a quienes desde las estructuras de poder les brindan protección.
Durante una entrevista difundida por el programa American Thought Leaders, la funcionaria sostuvo que la estrategia estadounidense contempla atacar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y desmantelar las redes políticas que, según afirmó, han facilitado durante años sus operaciones.
Las declaraciones reflejan un endurecimiento del discurso de Washington en materia de seguridad regional y colocan nuevamente bajo escrutinio la presunta relación entre autoridades y grupos del narcotráfico, un tema que históricamente ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.
ACUSACIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE SINALOA REAVIVAN EL DEBATE
El posicionamiento de Carter ocurre en medio de la controversia provocada por las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios, señalados de presuntamente favorecer a la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Aunque las autoridades estadounidenses han impulsado acciones judiciales y solicitudes de cooperación, el gobierno mexicano ha insistido en que no existen elementos probatorios suficientes para proceder penalmente contra los señalados.
La situación ha abierto un debate sobre los límites de la jurisdicción estadounidense y la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar y sancionar posibles actos de corrupción relacionados con el crimen organizado.
COOPERACIÓN EN SEGURIDAD, EL EJE DE LA ESTRATEGIA
La funcionaria estadounidense destacó que el combate a las estructuras criminales ha avanzado mediante extradiciones, procesos judiciales e intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos.
En ese contexto, reconoció la colaboración de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las fuerzas de seguridad mexicanas en diversas operaciones contra el narcotráfico.
Carter señaló que la coordinación binacional ha permitido resultados que, a su juicio, representan un nivel de cooperación sin precedentes en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
EL CASO “EL MENCHO”, PRESENTADO COMO EJEMPLO DE COLABORACIÓN
Entre los principales logros mencionados por la funcionaria se encuentra el operativo realizado en febrero pasado en Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado durante años como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según Carter, la localización del objetivo fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia entre ambos países, mientras que las acciones operativas fueron ejecutadas por corporaciones mexicanas.
La funcionaria presentó este caso como evidencia de que la cooperación bilateral puede traducirse en golpes significativos contra las estructuras criminales. Sin embargo, especialistas han advertido que la captura o eliminación de líderes no necesariamente implica el debilitamiento definitivo de las organizaciones, que suelen reconfigurarse rápidamente mediante nuevos liderazgos.
TRUMP, FACTOR DE PRESIÓN EN LA RELACIÓN CON MÉXICO
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones fue la referencia de Carter al presidente estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó parte del éxito en la cooperación internacional contra el narcotráfico.
La funcionaria aseguró que diversos gobiernos han optado por colaborar debido a que consideran reales las advertencias de Washington respecto a posibles consecuencias para quienes se nieguen a participar en los esfuerzos conjuntos de seguridad.
Estas afirmaciones reavivan la discusión sobre el uso de la presión política y diplomática como herramienta para impulsar acuerdos en materia de combate al crimen organizado, una estrategia que suele generar opiniones divididas tanto en México como en otros países de la región.
ENTREGAS Y PROCESOS JUDICIALES CONTINÚAN
Mientras avanzan las investigaciones, algunos de los exfuncionarios señalados han comenzado a enfrentar procesos legales en territorio estadounidense.
Entre ellos destaca el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se presentó ante autoridades de Estados Unidos y actualmente enfrenta procedimientos judiciales relacionados con las acusaciones formuladas en su contra.
Asimismo, reportes periodísticos señalan que otros exfuncionarios habrían iniciado acercamientos con las autoridades estadounidenses, aunque algunos casos aún no cuentan con confirmación oficial.
Hasta ahora, sólo una parte de los implicados ha comparecido ante la Fiscalía General de la República en México, mientras continúan las investigaciones y los intercambios de información entre ambos países.
UNA ESTRATEGIA QUE PONE A PRUEBA LA SOBERANÍA Y LA CONFIANZA BINACIONAL
Las declaraciones de Sara Carter evidencian que la lucha contra los cárteles ha dejado de centrarse exclusivamente en las estructuras criminales para enfocarse también en los presuntos mecanismos de protección política y financiera que permiten su permanencia.
Al mismo tiempo, el caso expone los desafíos que enfrentan México y Estados Unidos para coordinar acciones de seguridad sin generar fricciones sobre soberanía, jurisdicción y debido proceso. Mientras Washington insiste en ampliar la presión sobre funcionarios señalados, el gobierno mexicano mantiene su postura de exigir pruebas sólidas antes de proceder judicialmente.
