El Supremo de Estados Unidos acaba de poner fin a 49 años de ejercicio del derecho al aborto en el país. Tal como se había filtrado mediante la publicación de un borrador aprobado por cinco de los seis magistrados que forman la mayoría conservadora, el Alto Tribunal ha optado por anular la sentencia con la que el propio órgano lo garantizó en 1973: la resolución del caso Roe vs. Wade, que desde entonces actuaba como una ley.
“Sostenemos que Roe deben ser anulado. La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, dictaminó el Tribunal. La corte restaura la capacidad de los estados para aprobar leyes que lo prohíban.
El fallo fulmina el derecho al aborto a raíz de un pleito sobre una ley de Mississippi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 primeras semanas de gestación. La resolución confirma esa ley pero obviamente va mucho más allá.
La votación para anular la doctrina Roe vs. Wade resulto en un 5 a 4 entre conservadores y progresistas. El presidente del Tribunal, el también conservador John Roberts, emitió un voto particular para indicar que habría defendido la ley de Mississippi pero no habría dado el paso adicional de eliminar por completo el precedente de Roe, y por tanto el derecho al aborto.
La anulación de los derechos reproductivos en Estados Unidos choca con la opinión mayoritaria de sus ciudadanos al respecto: según una encuesta de mayo pasado a cargo de la radio y la televisión públicas de EE.UU. (NPR y PBS) con la encuestadora Marist Poll, el 64% de los estadounidenses defendía la continuidad de la norma Roe, frente a un 33% partidario de que el Supremo la anulara: un respaldo que se mantenía desde hacía largos años pero no que siempre se reflejó en las votaciones.
Veintiséis estados del país tiene aprobadas o en preparación otras tantas normativas de prohibición del aborto. Trece de ellas son leyes “gatillo” o de “activación” para vetar el derecho una vez el Supremo ha abierto la veda con su sentencia de hoy.
El texto de “activación” más duro es el ya aprobado por Texas para convertir el aborto en un delito grave de primer grado, punible con duras penas de prisión para los doctores que lo practicaran. Si no se corrigiera o frenara, esta norma entraría en vigor en treinta días (a contar desde hoy, como fecha de la resolución del Supremo).
La ley “gatillo” de Texas se suma a la que el parlamento estatal ya aprobó en septiembre con prohibición de la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas y recompensa de 10.000 dólares para los ciudadanos que denuncien a las mujeres que vulneren tal restricción o a cualquiera que las ayude.
Ohio y Oklahoma pasaron luego sendas leyes siguiendo el increíble modelo Texas.
Nada más conocerse la sentencia, cientos de manifestantes a favor y en contra del derecho al aborto se concentraron ante el Supremo.
