En el taller de diseño arquitectónico de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet, en Santo Domingo Tehuantepec, el trazo más nítido no fue el de los planos, sino el de un patrón de abuso calculado. Allí, el profesor Juan Manuel J. S. no enseñaba a proyectar futuros; de acuerdo con la carpeta de investigación 31627/FMUJ-TEHUANTEPEC/2025, el docente utilizaba su cargo para vulnerar la integridad de sus alumnas bajo un esquema de coacción académica.
Hoy, la justicia para Aurora y Vania (nombres protegidos) ha expirado en un escritorio. No por falta de evidencias —las cuales incluyen una confesión ministerial y peritajes psicológicos positivos—, sino porque la fiscalía permitió que el tiempo legal se agotara.
LA GEOMETRÍA DEL ABUSO: EL CHANTAJE COMO ARMA
El expediente ministerial describe un asedio que no era impulsivo, sino sistemático. Juan Manuel utilizaba una “técnica de acercamiento” disfrazada de revisión escolar para ejecutar tocamientos.
Aurora relata con precisión el momento del ataque: “Estaba junto con mi compañera Vania… cuando vi que el profe Juan se le acercó, primero le tocó el hombro y después le dijo:
‘¿cuántos dedos caben en tu bolsa?’”. Este preludio verbal servía para invadir el espacio físico de las menores.
“Se pasó conmigo el profe Juan y me hizo lo mismo… metió la mano en la bolsa izquierda de mi blusa del uniforme y después me tocó mi pecho izquierdo y me lo presionó”, reza la declaración de Aurora en las hojas del caso.
El argumento central de la agresión radica en la coacción. Arturo R., padre de una de las menores, detalla que el abuso estaba condicionado al éxito escolar: “El maestro aprovechando esa circunstancia, le decía… que si no se dejaba tocar pues la iba a reprobar”. Este testimonio evidencia que el docente no solo agredió físicamente, sino que utilizó la estructura del IEEPO para someter a sus víctimas.
AULAS EN PELIGRO: UNA ADVERTENCIA IGNORADA
La cloaca se destapó en el momento en que la madre de Aurora asistió a la secundaria por un asunto administrativo que implicaba a su hijo que estudia el primer año en la misma escuela. Cerca de la Dirección, se percató que dos adolescentes de primer año, Irene y Wendy, lloraban. Junto a ellas estaba su hija Aurora, que cursa el tercer año; al preguntarle por qué lloraban, ésta le contestó que por tocamientos que les había hecho el profesor Juan Manuel.
Fue ahí donde Aurora se armó de valor y le confesó a su madre que desde que cursaba el segundo año el profesor Juan Manuel le había hecho tocamientos y que a veces se le acercaba tratando de abrazarla.
La documentación revela que la institución poseía información previa que pudo evitar las agresiones. La prefecta de la secundaria, Adela G. H., admitió que el comportamiento del profesor era un riesgo conocido:
“Había unas niñas que decían que el maestro Juan Manuel les veía las piernas, que el maestro Juan Manuel las morboseaba”.
A pesar de estos antecedentes, la respuesta del personal fue silenciar a las víctimas. Cuando la madre de Aurora confrontó a la prefecta Adela tras el hallazgo de las niñas llorando, la respuesta fue gélida:
“La prefecta le dijo que ese caso (el abuso) no era el motivo por el cual la mandaron a traer”.
LOS PILARES DE LA IMPUNIDAD: NEGLIGENCIA Y OBSTRUCCIÓN
La libertad de un agresor confeso —quien tras ser confrontado por los padres gritó:
“¡Sí las toqué, pero ya no me vayan a pegar!”— se sustenta en tres fallas procedimentales del Estado:
Negligencia Inexcusable: El Juez de Matías Romero fijó el 12 de febrero de 2026 como fecha fatal. La abogada Citlalic Cortés Villalobos omitió presentar la acusación, provocando el sobreseimiento.
Obstrucción por Omisión: La Fiscalía rechazó integrar a más víctimas. Aurora menciona que no eran casos aislados:
“Vi que se fueron a quejar a la Dirección mis compañeras Vania, Irene, Ximena, Wendy, Wendoly y Samanta… porque ellas no querían entrar a la clase del profe Juan”. Al ignorar estos testimonios, la MP impidió acreditar la sistematicidad del delito.
Violación al Interés Superior de la Niñez: El Estado ha revictimizado a las menores, forzándolas a saber que su agresor habita en su misma zona geográfica.
EL COSTO DE LA DIGNIDAD: 47 MIL PESOS DE DEUDA
La carencia de servicios periciales obligó a las familias a buscar justicia por cuenta propia. La madre de Aurora señala:
“Fui de babosa, conseguí un particular… y ahora debo 47 mil pesos de psicología porque firmé un convenio… el Ministerio Público me decía: ‘consiga un particular porque nosotros no tenemos aquí’”.
Esta negligencia económica se suma al dolor emocional de las víctimas. Aurora concluye su declaración con un ruego que la justicia ignoró: “Traje a mi mamá para que les dijera lo que el profe Juan me ha hecho a mí y a mis compañeras, ya que no quiero que nos continúe molestando”.
UN SISTEMA BAJO SOSPECHA: CUESTIONAMIENTOS URGENTES
La liberación de Juan Manuel Jacinto Silva no es un error de trámite; es el resultado de un engranaje donde la burocracia favoreció al imputado.
A la Fiscalía General: ¿Cuál es la sanción para la fiscal que permitió el vencimiento del plazo?
Al IEEPO: ¿Qué medidas se han tomado para que este sujeto no sea reinstalado?
A la Comisión de Derechos Humanos: ¿Cómo se garantiza el derecho a la justicia cuando el Ministerio Público obstruye la recepción de denuncias adicionales de niñas que, como Irene y Wendy, fueron encontradas llorando por los pasillos de la escuela?
Finalmente, los padres de Aurora exhortan a las alumnas de la Secundaria Torres Bodet que hayan sido víctimas del profesor Juan Manuel:
“el testimonio colectivo es la única vía para romper el cerco de impunidad”.
Si la justicia solo se aplica cuando el calendario burocrático lo permite, entonces no es justicia, es privilegio para quien sabe esperar el descuido del fiscal.
