Accionistas de la empresa Oro Negro esperan que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador revise el contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“López Obrador dijo que iba a reabrir los contratos, inspeccionarlos a ver si había corrupción asociada, y eso es exactamente lo que nosotros queremos (…) Estamos esperando a la nueva administración, porque obviamente la actual no resolvió el problema y lo que ellos quieren es ocultarlo y que se acabe este proceso”, dijo Juan P. Morillo, representante legal de inversionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro en entrevista con Forbes México.
En julio de 2018, el despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, uno de los más importantes del mundo, publicó en el diario The New York Times un desplegado con los detalles de una supuesta conspiración entre Pemex y los tenedores de bonos idearon a la quiebra de Oro Negro, con el fin de quedarse con cinco plataformas de perforación, después de que la compañía se negara a participar en una red de sobornos, según el abogado.
La firma legal compartió los nombres de los tenedores de deuda que habrían participado en la conspiración: Alterna Capital Partners, Asia Research & Capital Management, CQS, Contrarian Capital Management, GHL Investments, Maritime Finance Company, Ship Finance International.
El despacho asegura que tiene grabaciones de altos funcionarios del gobierno y de Pemex en los que admiten la conspiración y los actos de corrupción.
Pemex respondió que las acciones de Oro Negro eran un intento por salir de una crisis corporativa después de no aceptar nuevos términos de los contratos, luego del desplome de precios que enfrentó la industria petrolera mundial entre 2014 y 2016, y que deterioró considerablemente la salud financiera del gigante energético mexicano.
Morillo dijo que eso no era verdad, pues la empresa aceptó los términos, “aunque eran injustos”. Inicialmente, Pemex les prometió que habría una reducción de tarifas a pagar y la empresa aceptó, pero dichas reducciones fueron indefinidas, además de que la compañía impuso otros términos en tres ocasiones, entonces Oro Negro presentó el concurso mercantil, detalló el abogado.
El pasado 6 de agosto, Rocío Nahle, propuesta como secretaria de Energía, reveló que está revisando 105 contratos petroleros. Forbes México intentó contactar al equipo energético de López Obrador para saber si incluirían el caso de Oro Negro, pero no obtuvo respuesta.
Arbitraje con TLCAN
Los inversionistas estadounidenses y europeos buscan entre 500 y 700 millones de dólares de compensación, de acuerdo con estimaciones del despacho. Para conseguirlo, los accionistas estadounidenses acudirán a un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El argumento es que México, a través de Pemex, expropió la inversión de los accionistas estadounidenses en Oro Negro y los trató de manera diferente a otros contratistas.
“Bajo TLCAN es una violación expropiar inversión de accionistas americanos y canadienses sin compensación. Estamos tratando con violaciones del tratado”, precisó Morillo.
Esa es la razón por la que no han difundido las grabaciones que involucran a funcionarios, pues es la evidencia para proceso legal que atenderán con el TLCAN.
Pemex cuestiono el porqué esta información no se difundió y denunció previamente, “dadas las numerosas oportunidades donde hubiera sido extremadamente pertinente”.
El abogado comentó que después de presentar el arbitraje ante los términos del acuerdo comercial trilateral, el gobierno mexicano inició una investigación contra Oro Negro y al equipo ejecutivo, incluidos los abogados.
“Presionan a la empresa sabiendo que Oro Negro no es parte del procedimiento de arbitraje. Lo que ellos quieren es esa evidencia para prepararse porque cuando pierdan el poder y venga la nueva administración, les preocupa que no puedan controlar lo que va a pasar, ellos están en pánico”.
Morillo retoma el ejemplo de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien fue señalado por haber recibido sobornos, cuando era coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de la brasileña Odebrecht.
“En vez de investigarlo, y usar la evidencia que surgió, ocultaron la investigación, despidieron al fiscal y la manejan en secreto, en contraste con los americanos, brasileños y suizos en este caso”, agregó.
El despacho legal se inclina a pensar por experiencia previa que el arbitraje ocurra en Canadá, pero eso lo decidirá el tribunal formado por autoridades de ambos países.
En cuanto a los inversionistas europeos, se apegarán al tratado de inversión entre México y España.
