Ante el abandono de 5 millones de viviendas en el país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) prepara un programa de recuperación que considera, en los casos más extremos, la demolición de casas.
El organismo inició una investigación “casi arqueológica”, en donde ha cuantificado hasta hoy el abandono de unas 500,000 casas financiadas.
El director del organismo, Carlos Martínez, señaló que la investigación ha arrojado diversidad de datos hasta el momento, pero en función de que 70% de la vivienda en el país tuvo un crédito Infonavit en algún momento de su existencia, es posible que el organismo dé a conocer datos precisos al respecto.
“La idea es presentar el diagnóstico entero de lo que nos estamos encontrando desde el Infonavit”, y se está realizando el trabajo para presentar la Política Nacional de Recuperación de Vivienda el próximo mes de abril, dijo.
Aseveró que en los casos en los que las viviendas fueron abandonadas por falta de infraestructura y construidas en lugares en donde no debieron erigirse, se considera incluso la posibilidad de demolerlas.
“Si no tienen servicios y no son aptas para vivir, mejor demolerlas, tal cual, porque no vale la pena desarrollar eso porque no tendría éxito”, manifestó enfático en entrevista con Notimex.
Para ello, aseguró que tienen contacto con todos los municipios y las autoridades en donde haya este tipo de vivienda y se revisarán los permisos de desarrollo.
Explicó que las causas del abandono son diversas. “Es un tema de servicios públicos, transporte, centros de trabajo, en algunos casos la violencia”, dijo el funcionario.
Resaltó, además, que la distancia y falta de transporte eficiente es uno de los problemas principales, “porque para personas que tienen un ingreso de 5,000 pesos y gastan en transporte 2,000, pues no les sale”.
En tanto, estudios de la academia demuestran que en sexenios anteriores el Estado de México se convirtió en el principal oferente de terrenos para vivienda social, con la participación de por lo menos cinco constructoras, y hoy la mayoría de esa vivienda está abandonada, invadida o construida sobre terrenos que ponen en riesgo a sus habitantes.
El gobierno federal ya denunció la falta de una política de vivienda que llevó a tener hoy un déficit de 14 millones de hogares.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, ya advirtió públicamente que “la ausencia de una visión integral y multisectorial que ponga en el centro de la planeación a las personas, tuvo como resultado un rezago de más de 14 millones de acciones de vivienda en el país y un aproximado de 5 millones de viviendas deshabitadas o en desuso”.
Esto generó que las ciudades a lo largo y ancho del país se expanden y en algunos casos, triplicando su mancha urbana.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonel Carranco, reveló en entrevista con Notimex que de acuerdo con los estudios, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), la política en la materia llevó a la construcción en grandes extensiones de tierra que hoy presentan severos problemas.
La problemática no sólo es de terrenos inapropiados, salitrosos y fangosos, sin tratamiento especial, sino que la infraestructura de conexión de vialidades, desarrollo urbano y sustentable, así como seguridad, quedaron olvidados.
“En la última parte del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y lo que viene de Calderón, su política de desarrollo era crear nuevos polos de urbanización. Grandes ciudades que permitieran el acceso a los centros de trabajo, incluso se tenía la idea de comenzar a desarrollar clústeres de empresas que estuvieran en esos lugares en donde se desarrollarían nuevas casas.
“El problema es que no se llevaron a cabo, y al final lo que hicieron las desarrolladoras de vivienda fue la búsqueda del aumento del precio de sus acciones y su nivel de cartera que les llevó a un aumento de su capital”, expresó.
Fue así como constructoras como Geo (hoy en quiebra), Homex, Urbi y Ara, la cual también fue declarada en quiebra hace unos días, por mencionar algunas, empezaron la búsqueda de terrenos, principalmente en el Estado de México, y construyeron viviendas que hoy presentan grandes problemáticas.
Los casos Las Américas y Hacienda Santa Inés
El académico reveló que de acuerdo con sus estudios de campo, las zonas de mayor construcción fueron Ecatepec, Nextlalpan, Zumpango y Ojo de Agua.
En Ecatepec, dijo, en la zona habitacional Las Américas, se trata de una extensión de 800 hectáreas de terreno en donde hasta la década de los 90 se instaló la empresa Sosa Texcoco.
Esta fue cerrada por un conflicto laboral, explotaba una de las dos mayores minas de salmueras alcalinas naturales del mundo, pues en el subsuelo del vaso del Lago de Texcoco existe un manto de aguas que contienen sales alcalinas que provienen del lavado de las colinas que se encuentran alrededor del Valle de México.
Esos terrenos se privatizaron y se utilizaron para la construcción de la zona habitacional conocida como Las Américas, cuyos habitantes pagaron por su vivienda hasta más de 3 millones de pesos, y hoy presentan problemas de terreno salitroso, donde no sólo la pintura se bota en todo momento, sino que al paso del tiempo se esperan problemas respiratorios entre sus habitantes.
Otro de los desarrollos que hoy presenta una grave problemática de movimientos de terreno por haberse construido sobre el fango, sin las precauciones de ingenierías respectivas, es Hacienda Santa Inés, a cargo de la constructora Ara en Nextlalpan, Zumpango.
Actualmente, los habitantes de ese desarrollo denuncian una serie de problemáticas como construcciones que presentan cuarteaduras, absorbidas por la naturaleza del terreno, hasta una importante población flotante que van sólo los fines de semana por ser un desarrollo incomunicado eficientemente, sin centros de trabajo cercanos y grandes problemas de inseguridad.
El estudioso del tema agregó que debido a este abandono, hay un importante número de casas que fueron parcialmente abandonadas y ahora están en medio de un litigio, porque fueron tomadas por organizaciones, entre ellas, el Movimiento Antorchista.
“Esta situación, al menos en el Estado de México, se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la toma de algunas casas que fueron abandonadas”, sostuvo.
Se trata de viviendas que aunque fueron pagadas, su lejanía como en Tecámac y Zumpango, entre otros, obligaron a sus dueños a salirse porque sus centros de trabajo se encuentran en el Valle de México, pero cuando quisieron regresar encontraron personas de algunas organizaciones tomando sus casas.
Otra de las problemáticas es el poco o nulo desarrollo de sistemas de comunicación entre la zona conurbada y la Ciudad de México, por lo que los pobladores hacen más de tres horas para transportarse a sus centros de trabajo.
Ello trajo consigo el desarrollo de un “cinturón geográfico” de delincuencia en la zona conurbada que obligó a los pobladores de esos lugares a emigrar hacia la ciudad.
