Los gobiernos estatales y municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, que concentran 80 por ciento de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, no reportaron el destino de 3 mil 017 millones de pesos (34.43 por ciento) de los 8 mil 762 millones de pesos recibidos de 2014 a 2017, revela Fundar en el anuario 2018 “Las actividades extractivas en México”.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no exigió una rendición de cuentas exhaustiva a los municipios y estados sobre el dinero que se les asignó vía el Fondo Minero, por lo que aún se desconoce el destino de una importante cantidad de recursos”, afirmó la investigadora del centro de análisis Beatriz Olivera.
“Es urgente que las entidades federativas y sus respectivos municipios aclaren y comprueben los recursos que han recibido del Fondo Minero y que, en caso de no hacerlo, se impongan las sanciones correspondientes a los servidores públicos involucrados”, recomendó en el informe.
En el periodo referido, la Sedatu fue encabezada por el Senador priista Carlos Ramírez Marín (2013-2015), el exprocurador Jesús Murillo Karam (2015) y por Rosario Robles Berlanga (2015-2018), actualmente en prisión preventiva por presunta omisión en reportar irregularidades en esta dependencia y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De 2014 a 2017 cinco estados reportaron solo el 65 por ciento de los 8 mil 762 millones de pesos recibidos del Fondo Minero.
El Fondo Minero entró en vigor en 2014 y se constituye por el pago de las empresas extractivas por los derechos a la actividad minera (especial, adicional y extraordinario). Con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos establece que deberán usarse para generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.
“Sin embargo, desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento”, expuso Olivera.
La investigadora de Fundar resaltó que aunque los estados y municipios reportaron inversión en obra pública, no implica que lo hubieran hecho porque “la Sedatu realiza un ejercicio de fe al no contar con los comprobantes necesarios que demostraran efectivamente el ejercicio de los recursos”.
En el informe de resultados de fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, sustentó Olivera, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló que de 17 proyectos observados entorno al Fondo Minero, la Sedatu no tenía reportes de avance físico financiero en los 17, ni programa de ejecución en 11, y 9 no contaban con acta de entrega-recepción por parte de los estados o municipios.
CAMBIO DE OPERADOR Y USO DE RECURSOS
De los más de 5 mil 745 millones de pesos de recursos del Fondo Minero reportados como ejercidos por las cinco entidades y municipios de 2014 a 2017, en promedio un 70 por ciento se destinó a construcción e infraestructura como pavimentación y mantenimiento de calles, muestra el estudio de Fundar.
En el caso de Sonora, el estado que más recibió de los cinco analizados, un 73 por ciento fue a infraestructura, un 11.97 por ciento a obra hidráulica, un 4.47 por ciento a deporte, un 4.45 por ciento a obra eléctrica, un 2 por ciento a obra de beneficio social y un 0.62 por ciento a ambiente durante el periodo referido.
“Llama la atención que lo destinado a protección ambiental o preservación de áreas naturales son prácticamente inexistentes, pues solo Sonora le dedicó el 0.62 por ciento de los recursos”, observó la investigadora Beatriz Olivera en el texto.
“Es necesario que las actividades de inversión a las cuales se destinan los recursos del Fondo proporcionen alternativas más allá de la actividad extractiva, ya que la mera creación de obras de infraestructura puede ser solo un paliativo temporal a los impactos de la explotación de minerales, pero no ofrece alternativas económicas, ambientales y sociales sostenibles a largo plazo para el desarrollo de las poblaciones de estas regiones”, agregó.
Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Durango destinaron el cero por ciento en esa área a pesar de los efectos medioambientales de la actividad minera.
Destino de recursos del Fondo Minero de 2014 a 2017 en cinco entidades. Tabla: Fundar. Anuario “Las actividades extractivas en México”.
Los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras –integrados por representantes de la Sedatu, la empresa, la entidad o municipio, y de la comunidad indígena o grupo agrario– decidían el uso de los recursos del Fondo Minero hasta 2018.
Pero, destacó Olivera, la Sedatu no publicó las actas sobre la toma de decisiones por lo que no puede constatarse si los Comités funcionaron como órganos de representación de comunidades, pueblos y núcleos agrarios considerando su lengua o autoridades propias, y si acordaron invertir la mayoría del dinero en pavimentación.
Con el cambio de Gobierno federal, la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 indica que el Fondo Minero con más de 3 mil millones de pesos ahora es operado por la Secretaría de Economía en vez de la Sedatu.
De acuerdo con el Subsecretario de Minería Francisco Quiroga, la posición del Gobierno Federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios o comités ni manejado por gobiernos estatales ni municipales, “para que llegue directamente a quien tiene que llegar”.
Ante ello, en febrero los gobiernos de Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí interpusieron más de 20 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esa modificación.
Aunque el Poder Ejecutivo lo impugnó, en julio los ministros determinaron que eran procedentes los recursos de las autoridades locales.
El 11 de agosto, en el municipio minero Concepción del Oro, Zacatecas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que “estamos viendo con las autoridades estatales, municipales para que [los recursos del Fondo Minero] se entreguen de manera directa a los habitantes de los pueblos y de los municipios mineros. Que no pase ese dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales, porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino”.
