“La carencia por acceso a la seguridad social está ligado a la precariedad laboral”, repitió varias veces José Nabor Cruz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), luego de presentar las cifras de pobreza 2008-2018.
De acuerdo con las cifras de esta última década, la carencia de seguridad social se ubicó en 2008 en 65 por ciento de la población y para 2018, en 57.3 por ciento. En millones de personas, la carencia la padecieron de entrada 72.5 millones de personas a 71.7 millones.
Por entidades, lógicamente son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho y los números no bajan.
Sin embargo, por número de personas es el centro del país el que tiene las peores condiciones y en específico es el Estado de México el que desde hace 10 años lidera la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social.
En 2008 eran 10 millones 307 mil personas sin acceso contabilizadas por el Coneval y la cifra no bajó: para 2010 fue de 9 millones 235 mil; en 2012 brincó de nueva cuenta a los 10 millones 468 mil; en 2014 fue de 10 millones 108 mil; en 2016 bajó a 9 millones 535 mil personas y para 2018 la cifra se volvió a colocar por arriba de los 10 millones.
Veracruz es el estado que en este periodo de tiempo no abandonó el segundo lugar: eran 5 millones 463 mil personas en 2008 y para el año pasado, 5 millones 561 mil.
El tercer lugar sí fue disputado: la Ciudad de México lo ocupó en 2008, 2010 y 2012 con más de 4.6 millones de personas desprotegidas, pero luego subió Puebla, que en 2014 fue de 4 millones 610 mil y en 2018, fue de 4 millones 604 mil.
De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estos números “estancados” reflejan la pobreza urbana, que se desprende de manera directa del mundo del trabajo.
A nivel nacional, son 71 millones 700 mil personas las que carecen del acceso a la seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
De acuerdo con Acción Ciudadana, quien no tiene seguridad social es porque no tiene trabajo, quien trabaja por su cuenta o en negocios familiares y quien, aún teniendo empleo, se les niega el derecho al seguro social, generado en gran medida por el outsourcing “ilegal” y en “general los modelos de negocios basados en bajos salarios, contratos temporales, y evasión a la seguridad social”.
Las consecuencias de que este derecho no se atienda se reflejarán en el sistema de pensiones, de salud y otros servicios.
El derecho a la seguridad social está previsto en la Constitución, en el artículo 123, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Un informe realizado por Coneval en 2018 sobre el derecho al trabajo, sostiene que existe un sistema segmentado y desigual de seguridad social para asalariados, de lo que se derivan condiciones diferenciadas de acceso al derecho y en el monto de las prestaciones para la población asegurada.
Y que además prevalece un trato discriminatorio para el trabajo doméstico remunerado y a otros trabajadores, como los jornaleros agrícolas, que hoy superan el millón y medio, sin considerar a sus familias.
Uno de los grupos sociales en mayor desventaja por la falta de acceso a la seguridad social es la población inactiva de 65 y más años, ya que, en 2017, solo 26.3 por ciento tuvieron acceso a una pensión o jubilación, “es notoria la mayor desventaja en el acceso a una pensión o jubilación de las mujeres, pues únicamente 11.7 por ciento gozaban de ella, en comparación con los hombres, que llegaban a 52.6 por ciento”, se puede leer en el estudio.
Gómez Hermosillo coincidió en que el dato de desprotección muestra la segmentación y la exclusión que hay en la seguridad social porque está ligada al contrato laboral como prestación laboral, lo que dejó afuera a más de la mitad de la población y “entonces se convierte en una situación seria”.
Explicó que la segmentación parte de que se construyeron en paralelo vías o programas sociales como el Seguro Popular, Estancias Infantiles, antes IMSS Solidaridad y todos los subsidios a vivienda, para que quienes no tuvieran seguridad social accedieran a las protecciones que están incluidas para las personas que sí están en el IMSS, que son servicios de salud, ahorro, pensión, ingresos por discapacidad o incapacidad.
Pero luego, a eso se sumó la generación de vías legales para ahorrarse ese derecho.
“Esa carencia es una fábrica de pobreza porque al final tenemos personas que trabajan con empleo y que no las afilian a la seguridad social, no solo son los que trabajan por su cuenta y no tienen, sino millones de personas que aunque trabajen para un tercero tienen un salario sin registro. Actualmente, el 40 por ciento de los trabajadores deberían tener ese derecho y no lo tienen, según datos del Observatorio de Trabajo Digno”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
“Que los índices sean muy altos muestran que se generó un mecanismo de simulación y de violación a este derecho por vía legal, por ejemplo los honorarios asimilables a salarios. Todo eso está legalizado, aunque de fondo es ilegal. Por otro lado el mercado de trabajo no está creciendo a la velocidad que se requiere y más bien se están generando trabajos sin seguridad social, como la gente que trabaja para una gran empresa pero sin seguridad social […] Los casos más recurrentes ahora son Uber, Didi, en el que tú eres propio patrón, no Uber. Y son empleos que se están multiplicando y muestran que es un error, porque la seguridad social debe ser un derecho de las personas y no una prestación laboral, que se pague con impuestos generales”, agregó.
