El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se alista para dar un salto inédito en materia de vigilancia digital en México. Con la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación incluida en el Paquete Económico 2026, el SAT podría acceder en línea, permanente y en tiempo real a los datos de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Shein, Tinder O Duolingo.
¿QUÉ ESTABLECE LA REFORMA AL ARTÍCULO 30-B?
La propuesta adiciona el artículo 30-B, que obliga a servicios digitales con operación en México a otorgar acceso total al SAT, incluyendo:
- Historial de pagos
- Comprobantes fiscales
- Suscripciones activas o pasadas
- Registros de transacciones y facturación
Esto aplicará para plataformas de streaming, e-commerce, apps de citas, servicios educativos online, entre otros.
Plataformas afectadas (por ahora):
- Netflix, Prime Video, HBO Max
- Amazon, Shein, Mercado Libre, Temu
- Tinder, Bumble
- Duolingo, Coursera
¿POR QUÉ ESTA REFORMA PREOCUPA A EXPERTOS EN DERECHOS DIGITALES?
Aunque legisladores de Morena aseguran que el SAT solo usará esta información para fines fiscales, organizaciones como R3D y ALAI han encendido las alarmas. Consideran que esta medida representa una forma de vigilancia masiva sin control judicial y sin necesidad de demostrar indicios de evasión fiscal.
“Permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”, advirtió R3D en un comunicado.
¿QUÉ PASA SI UNA PLATAFORMA NO COOPERA CON EL SAT?
En caso de que una empresa digital se niegue a otorgar el acceso solicitado, el SAT podría aplicar una medida extrema: bloquear la plataforma en México, aunque tú, como usuario, tengas tus pagos al corriente.
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR ESTA MEDIDA?
Si el Senado aprueba la reforma, el artículo 30-B entraría en vigor el 1 de abril de 2026. Para entonces, el SAT deberá coordinarse con la Agencia de Transformación Digital para implementar la infraestructura necesaria.
¿QUÉ BUSCA EL SAT CON ESTA REFORMA?
De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo es cerrar brechas fiscales, detectar operaciones ilegales (como tráfico de hidrocarburos disfrazado de ventas en línea) y modernizar la fiscalización en el entorno digital.
Sin embargo, la discusión pública sigue abierta:
¿Vale la pena sacrificar la privacidad a cambio de una supuesta eficiencia fiscal?
