Dos proyectos inmobiliarios que avanzaban sin freno en la región costera de Oaxaca fueron clausurados por provocar daños a ecosistemas frágiles, entre ellos, manglares protegidos y vegetación forestal en zonas turísticas de alto valor ecológico como Agua Blanca y Estacahuite.
Las clausuras ocurrieron el pasado 30 de abril, cuando se identificaron obras ilegales sobre 124 m² de manglar en Agua Blanca, Santa María Tonameca, y 1,933.22 m² de vegetación forestal alterada en playa Estacahuite, Puerto Ángel, en el municipio de San Pedro Pochutla.
Manglares arrasados: el turismo depredador avanza
Los manglares afectados en Agua Blanca están protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010, que cataloga especies de flora y fauna en riesgo, y por la NOM-022-SEMARNAT-2003, que regula la conservación de humedales costeros. Pese a ello, las obras inmobiliarias avanzaban sin las autorizaciones correspondientes, alterando un ecosistema clave para la biodiversidad y la protección costera.
“Se están construyendo desarrollos a costa del manglar, sin respetar la normativa ambiental ni la función vital que cumple este ecosistema”, denunciaron ambientalistas locales en redes.
En Estacahuite, devastación forestal en zona turística
La segunda clausura se dio en playa Estacahuite, donde se comprobó un cambio de uso de suelo forestal no autorizado para la construcción de infraestructura turística. En este caso, se afectó una superficie cercana a los 2,000 m² en una zona de alto valor escénico y ecológico.
“Estas áreas deberían ser protegidas, no convertidas en hoteles ni restaurantes privados. La destrucción forestal ya está a simple vista”, reclamaron habitantes de Puerto Ángel.
El turismo sin control sigue devorando la naturaleza
Este tipo de casos expone la creciente presión que enfrentan los ecosistemas costeros frente a la expansión turística desregulada en Oaxaca. Las clausuras representan una acción importante, aunque tardía, frente a un modelo de desarrollo que prioriza la ganancia sobre la sustentabilidad.
Los manglares no solo son hábitat de múltiples especies, sino que actúan como barreras naturales contra huracanes y marejadas, y capturan más carbono que los bosques tropicales. Su pérdida, advierten expertos, puede tener consecuencias irreversibles.
¿Quién autoriza y quién se beneficia del ecocidio?
Aunque las clausuras son una medida legal, la opacidad persiste sobre quiénes están detrás de los proyectos. No se han revelado nombres de empresas o personas responsables, lo que genera sospechas de complicidad entre autoridades locales y desarrolladores privados.
“Estos casos no son aislados. Hay una red de omisión y complicidad institucional que permite que las obras comiencen sin permisos, y luego es demasiado tarde”, denunció un colectivo ambiental de Tonameca.
Llamado urgente a proteger la costa oaxaqueña
Las comunidades costeras y organizaciones ambientales han reiterado su exigencia a los tres niveles de gobierno para que se detenga de manera definitiva la destrucción de los ecosistemas, se investigue a los responsables y se garantice la restauración de las áreas dañadas.
“No podemos permitir que el desarrollo turístico se construya sobre los restos de nuestros manglares y bosques. Exigimos justicia ambiental”, señaló un ciudadano en redes. “Demolición inmediata y con todo el peso de la ley a todos los involucrados!!”, lo secundo otro.
