El traslado del Centro Integralmente Planeado de Huatulco del Fonatur al gobierno estatal ha resultado contraproducente. En mayo de 2023, el gobierno de Oaxaca y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmaron un convenio para dar comienzo a las acciones de transferencia del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Huatulco al Gobierno Estatal.
Sin embargo, diversos habitantes de la zona han denunciado el abandono en que se encuentra, la falta de vigilancia para evitar invasiones y la negligencia oficial. Denunciaron que los asentamientos irregulares han causado diversos daños ambientales al Parque Nacional Huatulco, área natural protegida, como la deforestación, contaminación hídrica, pérdida de biodiversidad y riesgo de colapso ecológico.
En respuesta a esos señalamientos, en un comunicado conjunto dependencias de los gobiernos estatal y federal lanzaron “un llamado a la población a denunciar a quienes promueven la ocupación irregular de tierras en el municipio de Santa María Huatulco”.
LLAMADO A MISA
El “exhorto” oficial indica que “las tierras ocupadas de manera irregular deberán ser desocupadas conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente”. se indicó en el documento avalado por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Turismo (Sectur), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y los gobiernos de Oaxaca y municipal de Santa María Huatulco.
SI HAY DENUNCIAS
Habitantes del Centro Integralmente Planeado han denunciado desde hace 7 años que al menos entre 30 y 39 asentamientos irregulares se han instalado alrededor de 915 hectáreas de territorio perteneciente al Parque Nacional Huatulco, y advirtieron que recientemente grupos de personas han pretendido invadir parte de las áreas protegidas colindantes con los Sectores K, N y O.
INACCIÓN OFICIAL
A pesar de ello, los gobiernos y dependencias cargan a las espaldas de ciudadanos la labor de vigilancia y denuncia. “El objetivo del acuerdo es actuar de manera conjunta y coordinada para un aprovechamiento del CIP de Huatulco, de las Marinas, las zonas arqueológicas y de las áreas naturales, lo que presenta la transformación de este destino tendiente a la privatización, a uno para el disfrute de la población, y que favorezca el bienestar de las familias oaxaqueñas de la zona”, pero, a decir de los habitantes, luego del virtual retiro de Fonatur y el traslado al gobierno estatal, la zona se ha quedado abandonada.
ACTIVISMO CIUDADANO
“Los huatulqueños nos estamos uniendo para salvaguardar esa área y evitar se establezcan los posibles invasores y se extiendan hacia otros sectores”, informaron. Los denunciantes coinciden en afirmar que, además de la falta de vigilancia se carece de una planeación y los invasores, grupos sociales y vivales aprovechan la debilidad y/o complicidad institucional de quienes han impulsado invasiones en zonas protegidas del municipio de Santa María Huatulco.
Según el comunicado conjunto, el gobierno insiste en que sea la ciudadanía quien denuncie para proteger a las personas de riesgos de deslaves, inundaciones y otros peligros, así como para proteger a los ecosistemas naturales, “es prioritario detener el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en el polígono del Centro Integralmente Planeado Bahías de Huatulco (CIP Huatulco)”, pero no señalan las medidas que llevan a cabo o los proyectos para evitarlo.
GRAVES RIESGOS A LA SALUD
En respuesta, los ciudadanos denunciantes han otorgado indicios de la exposición a la población a enfermedades gastrointestinales derivado de la contaminación y falta de servicios para atender los residuos sólidos, aguas negras sin tratamiento y de los lixiviados del antiguo basurero que llegan a ríos, lagunas y al mar, la mayoría de las tareas eran realizadas por Fonatur.
Y los gobiernos señalan que en los últimos años se ha dado una preocupante expansión de los asentamientos humanos en zonas no aptas para la urbanización, generando graves afectaciones a la población local, al desarrollo urbano, a los bosques y selvas de la zona, y a la infraestructura existente, con consecuencias negativas sobre la prestación eficiente de servicios públicos esenciales para el bienestar de las familias de la región.
Finalmente las autoridades federales, estatales y municipales recuerdan que “la ocupación o promoción para ocupar ilegalmente tierras es un delito penal. Las autoridades no abrirán ningún proceso de regularización en estas ocupaciones”.
