A casi tres semanas del secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, la tragedia sigue abierta: cinco ya fueron identificados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde y cinco más permanecen desaparecidos. Mientras autoridades federales sostienen que el ataque pudo derivar de una “confusión” entre grupos del crimen organizado, trabajadores de la mina niegan esa versión y señalan que se trató de una represalia anunciada.
En entrevistas radiofónicas, dos empleados —identificados como “José” y “Juan” para proteger su identidad— describieron un contexto de amenazas previas, vigilancia y advertencias directas de grupos delictivos para que abandonaran la zona.
ADVERTENCIAS IGNORADAS
Según los testimonios, desde meses antes del secuestro recibieron mensajes explícitos: debían dejar de trabajar porque no podían garantizar su seguridad.
“Tuvimos encuentros con grupos delictivos… nos dijeron: ‘Por favor, sálganse’”, relató uno de los mineros. Aseguró que la empresa no actuó con la misma diligencia y que, pese a un paro técnico en abril de 2025 impulsado por presión de los trabajadores, las actividades se reanudaron semanas después.
Los empleados describieron un ambiente de constante vigilancia: vehículos sospechosos, drones sobrevolando las áreas de exploración y cambios obligados en la indumentaria. Incluso, afirmaron que se les pidió sustituir chalecos naranjas por amarillos para ser identificados por uno de los grupos criminales y evitar agresiones.
“NO FUE CONFUSIÓN”
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el secuestro habría ocurrido en medio de la disputa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”. Sin embargo, los trabajadores rechazan esa hipótesis.
“Los levantaron de su cama en Clementina”, señalaron, en referencia al complejo habitacional que funcionaba como campamento. Aseguran que el grupo armado sabía exactamente a quién buscaba. Solo admiten la posibilidad de confusión en el caso de un trabajador interceptado en carretera y que no pertenecía directamente a la plantilla.
Además, denunciaron presiones para guardar silencio. Según su versión, se pidió a empleados y familiares no declarar públicamente, bajo el argumento de que expertos en secuestro trabajaban en el caso. También reportaron hostigamiento en redes sociales y mensajes intimidatorios.
DESCARTAN EXTORSIÓN
Otra línea de investigación apunta al cobro de piso o extorsión. No obstante, los mineros sostienen que el proyecto no estaba en fase productiva.
“El proyecto se encuentra en minado de prueba. No han sacado ni una tonelada de mineral”, explicaron. Aseguran que no existía extracción ni procesamiento de oro o plata, por lo que consideran poco probable un móvil económico ligado a producción.
Para ellos, la explicación más consistente es una represalia por no abandonar la zona tras las advertencias.
FOSAS, IDENTIFICACIONES Y EXIGENCIAS
Las labores de búsqueda derivaron en la localización de al menos cinco fosas clandestinas en El Verde y zonas aledañas. En los operativos participan la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Ejército.
Cinco cuerpos han sido identificados:
José Ángel Hernández Vélez, Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández y José Antonio Jiménez Nevárez. Sus restos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.
En los mismos puntos fueron localizados otros cinco cuerpos que aún están en proceso de identificación. No se descarta que algunas víctimas correspondan a hechos distintos.
Colectivos como Sabuesos Guerreras y Por las Voces Sin Justicia han exigido transparencia en la información forense y acompañamiento permanente a las familias.
UNA REGIÓN BAJO CONTROL CRIMINAL
Concordia y sus alrededores son señalados como zona de influencia de una célula vinculada a “Los Chapitos”, encabezada por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, y su hermano Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito”.
La disputa territorial y la violencia sostenida han convertido a la región en un foco rojo. En este contexto, el caso de los mineros expone no solo la vulnerabilidad de trabajadores en zonas controladas por el crimen organizado, sino también cuestionamientos sobre la actuación empresarial y la eficacia de la protección institucional.
Finalmente, mientras cinco familias ya enfrentan el duelo, otras cinco continúan esperando respuestas.
Con información de Infobae
