La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó formalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, TV Azteca y Elektra, por un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos.
Durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, realizada en el Estado de México, la mandataria subrayó que el procedimiento no responde a una persecución política, sino al cumplimiento de resoluciones judiciales definitivas.
“NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA”, AFIRMA SHEINBAUM
Sheinbaum fue enfática al rechazar cualquier señalamiento de uso político de las instituciones fiscales en el caso del empresario.
“Primero, no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT”, declaró.
La presidenta sostuvo que el proceso tiene sustento legal tras los fallos emitidos por el Poder Judicial.
LA SUPREMA CORTE YA RESOLVIÓ
La mandataria explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los recursos legales promovidos por Grupo Salinas no proceden, por lo que el adeudo debe resolverse conforme a la ley.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos de Grupo Salinas no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe de ser”, señaló.
ADEUDO MILLONARIO BAJO LA LUPA PÚBLICA
El monto del adeudo —51 mil millones de pesos— coloca el caso como uno de los conflictos fiscales más relevantes entre el Estado mexicano y un grupo empresarial en los últimos años, en un contexto donde el gobierno federal ha insistido en el cobro efectivo de impuestos a grandes contribuyentes.
Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá una política de aplicación estricta de la ley, sin privilegios ni excepciones.
UN MENSAJE DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL
El pronunciamiento presidencial refuerza la postura del nuevo gobierno de dar continuidad a los procesos fiscales heredados, bajo el argumento de legalidad, certeza jurídica y respeto a las resoluciones judiciales, aun cuando involucren a figuras empresariales de alto perfil.
