Los diputados, reactivos. Luego de la nota publicada por EL IMPARCIAL respecto a las largas colas, burocratismo y desorganización en la Secretaría de Movilidad (Semovi) para realizar trámites, pagos de derechos y actualizaciones vehiculares, se limitaron a emitir un “exhorto”, para atender a la ciudadanía.
Señalaron que persiste el tráfico de turnos, la presencia de gestores, tardanza y trámites selectivos, abusos y burocratismo contra la ciudadanía.
Sin brindar una propuesta de solución a fondo, se limitaron a solicitar “un acceso equitativo, igualitario y transparente a los servicios públicos por “urgente y obvia resolución” para que la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado (Semovi) aplique medidas administrativas que prevengan y regulen la intervención de personas gestoras en los trámites vehiculares, priorizando la atención directa a la ciudadanía, especialmente durante los primeros meses del presente ejercicio fiscal.
El Punto de Acuerdo fue avalado por el Pleno con 30 votos a favor, como parte de las acciones encaminadas a “fortalecer la eficiencia administrativa, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, bajo los principios de legalidad, igualdad y buen gobierno”.
GESTORES CONTROLAN TRÁMITES
En el recinto de San Raymundo Jalpan se expuso que, al inicio de cada año, la alta demanda de trámites como refrendos, emplacamientos, regularización administrativa y cambios de propietario han evidenciado prácticas que afectan de manera directa a los ciudadanos que acuden personalmente a cumplir con sus obligaciones fiscales. Entre éstas, destacó la gestión masiva de trámites por parte de intermediarios, quienes acaparan turnos y ventanillas, generando retrasos, desigualdad en el acceso al servicio y posibles espacios de opacidad.
Demandaron la regulación razonable de la gestión múltiple de trámites por una sola persona y la priorización de la atención directa y presencial a la ciudadanía.
PUERTA A LA CORRUPCIÓN
También, destacó que la gestoría indiscriminada no sólo genera desigualdad, sino que abre espacios a la discrecionalidad y a posibles actos de corrupción, por lo que llamó a eliminar estas prácticas mediante controles internos sólidos y procesos administrativos transparentes.
A los ciudadanos, demandaron realizar sus trámites de manera directa, al considerar que la erradicación de prácticas irregulares es una responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad.
“El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida, requiere instituciones honestas, servidores públicos comprometidos y una ciudadanía activa que no tolere privilegios ni intermediaciones indebidas”, se indicó.
