La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de A.C.D. o N.C.D., señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un líder de transportistas. El crimen ocurrió en el Istmo de Tehuantepec durante un violento enfrentamiento entre taxistas y mototaxistas.
LOS HECHOS: UN CONFLICTO QUE ESCALÓ A MUERTE
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 9 de diciembre de 2013 en el municipio de Matías Romero. Ese día, una confrontación entre grupos de taxistas y mototaxistas derivó en una agresión colectiva contra la víctima, identificada con las iniciales U.R.H.
Durante el altercado, un grupo de personas golpeó al líder transportista con palos, provocándole múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. La FGEO estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, consecuencia directa de la agresión.
INVESTIGACIÓN Y ORDEN DE APREHENSIÓN
Tras los hechos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Trascendencia Social llevó a cabo las diligencias correspondientes, recabando datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del ahora detenido.
La FGEO señaló que el cumplimiento del mandato judicial permitió la localización y captura de A.C.D. o N.C.D.. Quien fue puesto a disposición de un Juez de Control.
PROCESO JUDICIAL EN CURSO
En audiencia inicial, el Juez de Control comunicó formalmente la imputación y dictó como medida cautelar la prisión preventiva. En tanto, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. La cual será resuelta conforme a los plazos legales.
El caso pone nuevamente en el centro del debate los conflictos históricos entre distintos sectores del transporte en el Istmo. Así como la lentitud con la que algunos crímenes de alto impacto llegan ante la justicia.
JUSTICIA Y DEUDA PENDIENTE
La Fiscalía de Oaxaca afirmó que continúa realizando los trabajos legales necesarios para esclarecer hechos delictivos que afectan a diversos sectores sociales, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.
No obstante, la detención casi diez años después del homicidio abre cuestionamientos sobre la eficacia institucional, la prevención de la violencia en el sector transporte y la atención oportuna a conflictos sociales que, como este, han dejado consecuencias fatales.
