Las pasadas comparecencias de los funcionarios de primer nivel en la estructura gubernamental, ante los y las diputadas de la LXIII Legislatura del Estado, sirvieron también para darnos cuenta la situación real por la que atraviesa la actual administración. Así como el titular de la Secretaría de Salud reveló el daño terrible que se generó a la institución, con pasivos y déficit de más de cinco mil millones de pesos, de la misma manera el Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén subrayó que ha interpuesto denuncias de carácter penal por la desaparición de más de doscientas unidades de maquinaria pesada, que formaban parte de los módulos de maquinaria, propiedad del gobierno del estado. En tanto, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, fue enfático al señalar que las indagatorias en torno a los ilícitos del pasado, tendrán efectos severos en breve, en virtud del saqueo vil y desafortunado de ex funcionarios en perjuicio del patrimonio de los oaxaqueños. Sin duda alguna, cada quien echó de su ronco pecho y tuvo o no cuestionamientos de los y las legisladoras. Lo cierto es que la inercia de lo ocurrido en la pasada administración, ha generado cierta parálisis y descapitalización en el actual régimen.
Hoy en día están privados de la libertad cuatro ex titulares de Salud, Finanzas y Transporte, además de otros ex colaboradores. Unos más, otros menos, tuvieron que ver con diversos ilícitos que se cometieron en el gobierno pasado. Sin embargo, extraña sobremanera que el principal responsable de todo ello, es decir, el ex gobernador Gabino Cué, se encuentre gozando de cabal salud, cual fue él, como responsable del Poder Ejecutivo, sin duda tuvo conocimiento de la serie de anomalías y perjuicio a las arcas estatales que cometían sus colaboradores. Resulta emblemática la figura de Jorge Castillo Díaz, quien fue el operador financiero ex officio del anterior gobierno, a quien se le localizaron cuentas por más de 4 mil millones de pesos. También goza de libertad. Esta situación permite hacer una serie de conjeturas, no todas acertadas o vinculadas con la realidad. Una de ellas es que pudo haber arreglos previos a la llegada de la actual administración y que quienes están vinculados a proceso, son simples chivos expiatorios para encubrir a los verdaderos motores de la corrupción y el saqueo.
Voracidad y opacidad
El pasado sábado 9 de diciembre por la noche, una noticia invadió las redes sociales: los diputados y diputadas de la LXIII Legislatura del Estado habían dado un albazo al aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018. Es decir, de 397 millones de pesos que proponía el proyecto de presupuesto, nuestros flamantes legisladores (as) aprobaron 282 millones de pesos como incremento, lo cual hizo que lo que se gastarán en dicho ejercicio es ni más ni menos que 679 millones 999 mil pesos. No es un secreto que tanto ésta como la pasada legislatura se han caracterizado por ser no solamente las más onerosas a nivel nacional sino además, las más improductivas y opacas. Es decir, jamás han rendido cuentas de los más de 600 millones de pesos anuales que tuvieron en la LXII Legislatura ni, mucho menos, el llamado “pago por evento”, que convierte a nuestros representantes populares en cómplices en la aprobación de iniciativas que van, muchas veces, en contra del pueblo al que representan. El incremento a su presupuesto se dio, no obstante la reducción en áreas claves del gabinete, como la Secretaría General de Gobierno, la de Desarrollo Social y Humano y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Hay entre la ciudadanía una justificada indignación. Es inconcebible que habiendo en la entidad una notable descapitalización y muchas necesidades, quienes se asumen como representantes populares abusen de manera velada de su cargo, para inclinar la balanza a su favor y servirse con la cuchara grande, sin importar los graves problemas que padece el estado. La sociedad civil debe exigirles cuentas. No se pueden erogar tal cantidad de millones de pesos en un grupo de legisladores (as) que se han caracterizado por su banalidad, su torpeza y su poca productividad. Los desvíos, la falta de comprobación y el derroche discrecional, ha sido una constante en nuestra legislatura. Resulta paradójico que sean los y las diputadas –incluyendo a los “honestos” del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)- quienes validan y aprueban la composición de los órganos garantes de la transparencia y acceso a la información, pero sean los más renuentes a rendir cuentas. El madruguete del pasado sábado fue una bofetada a la pobreza en la que vive más de dos millones de oaxaqueños. Lucrar de manera indiscriminada con el erario público y recibir dádivas además de sus emolumentos, es un delito que se llama peculado.
