En el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido asesinadas 10 personas defensoras de derechos humanos del estado de Oaxaca, además de otras 24 en el resto del país.
Con esto, la entidad oaxaqueña concentra el mayor número de víctimas mortales a nivel nacional, con 3 de cada 10 (alrededor del 29 por ciento), de acuerdo con el monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas”, de la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, de la organización Servicios para una Educación Alternativa, Educa.
La asociación civil publicó este informe el pasado 30 de octubre, a propósito de las conmemoraciones de Fieles Difuntos o Día de Muertos, por las que el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre se recuerda a quienes han fallecido.
Desapariciones
En su informe, Educa detalla que en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum también se han registrado 4 desapariciones forzadas de personas defensoras. De ellas, dos han sido localizadas con vida y las otras dos permanecen en calidad de desaparecidas.
De Oaxaca, las 10 personas defensoras asesinadas son: Gerardo Cruz Palacios, las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, Rigoberto Martínez Sandoval, Arnoldo Nicolás Romero, Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino Jiménez, Abraham Quirino, Cristino Castro Perea y Sandra Estéfana Domínguez Martínez.
Después de Oaxaca, otras entidades que han reportado más asesinatos de personas defensoras son Jalisco, con 7 casos, y Puebla, con 4.
Por región, el 44.1 % de los asesinatos de personas defensoras se concentra en el sur-sureste del país: Oaxaca (10), Guerrero (3) y Chiapas (2), explica la asociación civil.
Activismo, de alto riesgo
De acuerdo con Educa, los 34 asesinatos de personas defensoras en este primer año de Sheinbaum muestran que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo que amenaza gravemente la integridad y la vida. Además de que es una cifra similar al promedio anual de asesinatos de defensores durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La defensa de la tierra y el territorio y la reivindicación de un medio ambiente sano (31.6%), así como el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia (28.9%), y derechos civiles y políticos (15.8%), representan el 76.3% de los atentados a la vida y por ende las luchas más vulnerables a la represión”, detalla la organización.
Sin cambios con el sexenio previo
Al indagar en los posibles responsables y agresores denunciados de los casos documentados, Educa refiere que las cifras se mantienen en rangos similares a los registrados durante el sexenio anterior. “Las organizaciones civiles y sociales identifican a los poderes fácticos como los principales responsables de los atentados contra la vida (71.1%), mientras que en el 18.4% de los casos no se cuenta con información precisa sobre los hechos. Únicamente en alrededor del 10.5% de los casos se atribuye responsabilidad a las autoridades estatales y locales”.
