La noche del lunes 20 de octubre terminó en tragedia para un joven oaxaqueño, quien se debate entre la vida y la muerte luego de ser salvajemente atacado con machetes y navajas por presuntos elementos policiacos de la ciudad de Oaxaca. El ataque ocurrió en una colonia de Santa María Atzompa, bajo circunstancias que apuntan a un abuso de poder disfrazado de riña vecinal.
De acuerdo con el relato de testigos y familiares, una mujer acudió acompañada del joven agredido al domicilio de una vecina para exigir el pago de una deuda pendiente. Lo que parecía una visita incómoda, pero pacífica, terminó en una confrontación violenta cuando varios familiares de la deudora, presuntamente en estado de ebriedad, reaccionaron con extrema agresividad.
“LO TIRARON DE LA MOTO Y LO MACHETEARON”
Mientras la mujer logró escapar del lugar, el joven no tuvo la misma suerte. Según la denuncia pública, fue derribado de su motocicleta y atacado brutalmente con armas blancas. Los agresores fueron identificados como Rafael R. R., comandante de la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca; Edgar R. V. e Isidro Gustavo R. V., ambos policías activos.
Aunque los tres se encontraban “francos” —término policial que indica que no estaban en funciones en ese momento—, sus víctimas aseguran que su actitud violenta estuvo respaldada por su autoridad:
“Aunque estaban fuera de servicio, su actuar violento se amparó en su cargo como policías”, acusaron los familiares.
HERIDAS QUE HABLAN DE ODIO
El joven fue trasladado por paramédicos de Atzompa al Hospital Civil, donde su estado fue reportado como delicado. Entre las heridas más graves se encuentra la perforación de un pulmón, además de múltiples lesiones provocadas por armas punzocortantes en distintas partes del cuerpo.
Hasta ahora, la versión de los policías señalados no ha sido presentada públicamente, ni se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. El silencio institucional comienza a generar sospechas entre la ciudadanía.
¿IMPUNIDAD CON UNIFORME?
La exigencia de justicia ha sido clara y directa. Familiares del joven han solicitado a las autoridades correspondientes que inicie una investigación a fondo y que los agresores sean sancionados conforme a la ley. La preocupación de fondo no es solo el acto de violencia en sí, sino el mensaje que envía:
¿qué sucede cuando quienes deberían proteger se convierten en agresores?
Este caso pone sobre la mesa un problema sistemático: el uso del uniforme como escudo para delinquir, aún cuando sus portadores no estén en servicio. La línea entre lo civil y lo institucional parece cada vez más borrosa.
EL SILENCIO QUE TAMBIÉN HIERE
Al cierre de esta nota, las autoridades municipales no han emitido ninguna postura oficial. La falta de respuesta alimenta la indignación social y despierta viejas heridas en un estado donde los abusos policiales han dejado marcas imborrables.
Si el uniforme sigue blindando la violencia, ¿dónde queda la ley? ¿Y quién protege a los ciudadanos cuando sus agresores son precisamente quienes juraron hacerlo?
