Ni fue el primero ni, lamentablemente, parece que será el último. A las 20:26 horas del lunes 20 de octubre, un conductor a bordo de una camioneta blanca llegó a la estación de gasolina G-500, ubicada sobre la Carretera Federal 190, en el municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca. Solicitó combustible como cualquier cliente. Una vez que el vehículo fue abastecido, arrancó el motor y se dio a la fuga sin pagar un solo peso, mientras el despachador, sorprendido e impotente, intentaba alcanzarlo sin éxito.
La escena, que fue captada por cámaras de seguridad, se suma a una creciente serie de reportes ciudadanos sobre este tipo de actos que afectan directamente a los trabajadores de las estaciones, quienes no solo enfrentan estos abusos, sino que en muchos casos deben cubrir de su salario las pérdidas por el robo.
“YA SON VARIAS OCASIONES”: LA INDIGNACIÓN SE ACUMULA
La denuncia no tardó en circular por redes sociales, con un mensaje claro y desesperado:
“Buenos días, quería ver si por favor nos pueden apoyar subiendo un video de una persona que se nos ha escapado sin pagar en la estación de gasolina donde trabajamos. Ya son varias ocasiones que lo hace, esto con el fin de que ya no vuelva a pasarle a otro despachador”.
El mismo testimonio lanza un llamado colectivo:
“Será que nos puedan hacer favor de compartir para que esto no siga pasando y que con la difusión podamos hacer que ya no pueda chingar a otro despachador”.
SIN PROTECCIÓN, SIN JUSTICIA Y CON SUELDOS PRECARIOS
Este tipo de incidentes pone en evidencia la desprotección legal y laboral de los despachadores, quienes, en lugar de recibir respaldo ante delitos cometidos en su lugar de trabajo, terminan asumiendo el costo económico del combustible robado. Un sistema profundamente injusto que normaliza el castigo al trabajador y la impunidad del infractor.
A pesar de contar con cámaras de vigilancia, no existe un protocolo claro ni una autoridad que garantice seguimiento legal efectivo. En la mayoría de los casos, las denuncias públicas quedan en redes sociales, sin respuesta de la policía, ni local ni estatal.
UN DELITO INVISIBLE EN LAS ESTADÍSTICAS
Este tipo de robo no suele figurar en los informes oficiales. No hay registros públicos de cuántas veces sucede al mes ni cuántos despachadores han sido obligados a pagar de su bolsillo. Se trata de un delito silencioso, frecuente y normalizado, del que los trabajadores difícilmente pueden defenderse.
Las estaciones tampoco aplican mecanismos de prevención eficaces. No existen barreras físicas, botones de pánico ni presencia policiaca en puntos vulnerables. Y mientras tanto, los delincuentes reinciden con total descaro.
¿QUIÉN DEFIENDE A QUIENES SÍ TRABAJAN?
Los despachadores forman parte de una cadena esencial en el suministro de servicios en el país. Sin embargo, su precariedad laboral se refleja no solo en los bajos sueldos, sino en el abandono institucional ante delitos que los afectan directamente.
Es hora de que las autoridades —y también las propias empresas gasolineras— reconozcan el problema y diseñen protocolos de seguridad, sanción y respaldo legal ante estos casos. Existen cámaras, existen pruebas, y también existe una deuda con quienes, a pesar de todo, siguen dando servicio al público.
EL LADRÓN ESCAPA, EL TRABAJADOR PAGA
En un país donde las cifras de impunidad superan el 90%, lo que ocurre en las gasolineras de Oaxaca es un reflejo más de cómo el sistema penal y laboral castiga al más débil.
Y, finalmente, mientras el conductor escapa con el tanque lleno, otro despachador más queda con el bolsillo vacío y la frustración de saber que, otra vez, nadie hará nada.
