El Gobierno de México presentó este 24 de septiembre una ambiciosa propuesta de reforma en materia hídrica que busca reordenar y depurar el sistema de concesiones de agua, limitando la transferencia de derechos entre particulares y promoviendo el acceso al recurso como un derecho humano, no como una mercancía.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó abiertamente la reforma hídrica impulsada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Al considerar que dicha legislación facilitó la privatización del agua al permitir la compraventa de concesiones sin regulación efectiva ni retribución al Estado.
“Ya no usas la concesión, se la tienes que regresar al Estado. Es poner orden y dejar de ver el agua como mercancía”, declaró Sheinbaum.
REVISIÓN MASIVA Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO
Como parte de esta estrategia de reordenamiento, el gobierno anunció una serie de acciones concretas que serán entregadas al Congreso el próximo lunes, entre ellas:
- Revisión masiva de títulos de concesión
- Programas de inspección en todo el país
- Nuevo Registro Nacional de Agua
- Ventanilla única digital
- Decreto de facilidades administrativas
- Propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales
- Propuesta de una nueva Ley General de Aguas
- Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad
El objetivo, según se explicó, es garantizar el acceso equitativo y sostenible al recurso, priorizando el interés público por encima de intereses económicos privados.
TÍTULOS INCONSISTENTES Y CONCESIONES MAL UTILIZADAS
Durante la conferencia matutina, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, informó que se ha revisado el 90% del total de títulos de concesión existentes, equivalente a 482,014 documentos, de los cuales 58,938 presentan irregularidades, como ubicación errónea, fechas de vencimiento caducadas o usos que no corresponden. Especialmente en el sector agrícola.
Estas inconsistencias son sintomáticas de un sistema hídrico opaco y débilmente fiscalizado, donde abundan los casos de personas que no utilizan el agua concesionada pero la revenden sin regulación, generando inequidad y acaparamiento del recurso.
CONSULTA AMPLIA Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MIRA
El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, explicó que estas reformas se enmarcan en una revisión del artículo 4 constitucional, que garantiza el derecho humano al agua. Aseguró que las propuestas son el resultado de una amplia consulta nacional, con participación de sectores productivos, sociales y gubernamentales.
La intención del Ejecutivo es que la nueva legislación elimine los vacíos legales que han permitido el comercio informal de concesiones, y que, al mismo tiempo, brinde herramientas para una gestión pública más eficiente, equitativa y transparente del agua.
¿FIN DE LOS PRIVILEGIOS HÍDRICOS?
La iniciativa representa un golpe directo a prácticas históricas de acaparamiento del agua, muchas veces favorecidas por omisiones legales y complicidades administrativas. Si bien el objetivo es legítimo —garantizar el derecho al agua para todas y todos—, su implementación enfrentará resistencia en sectores acostumbrados a manejar el recurso como un activo comercial.
Además, el anuncio deja interrogantes abiertas:
¿cómo se garantizará el cumplimiento de la nueva ley en zonas de alto conflicto por el agua? ¿Qué mecanismos de sanción se aplicarán a quienes mantengan concesiones irregulares? ¿Cómo evitar que la burocratización del sistema termine siendo otro obstáculo?
UN CAMBIO NECESARIO, PERO QUE EXIGE VIGILANCIA CIUDADANA
La reforma hídrica impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea una transformación de fondo en la forma en que México gestiona uno de sus recursos más vitales.
Sin embargo, como toda política pública de gran alcance, deberá ser acompañada de vigilancia social, transparencia en su aplicación y, sobre todo, voluntad política para romper con los intereses que históricamente han convertido al agua en botín.
