El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha una nueva política de vivienda que promete beneficiar a miles de trabajadores con ingresos limitados. A partir del 19 de septiembre, quedó oficialmente establecido que las viviendas construidas o rehabilitadas por el instituto no podrán superar un precio de $630 mil pesos en su primera venta, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta disposición, aprobada previamente por el Consejo de Administración del Infonavit el 29 de agosto, forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar y está orientada a garantizar el acceso a vivienda para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.
UNA MEDIDA QUE BUSCA “ASEQUIBILIDAD”
“El precio máximo de venta que se determine para las viviendas de los Conjuntos Habitacionales que produzca el INFONAVIT tendrá como elemento prioritario la capacidad de pago de las personas trabajadoras derechohabientes que perciban hasta dos salarios mínimos”, señala el documento publicado en el DOF.
Además, la normativa permite ajustes proporcionales en este tope de precio en caso de que haya variaciones en el salario mínimo regional. Es decir, el precio podría aumentar si el salario en determinada zona del país también se incrementa, buscando mantener la relación ingreso-costo de vivienda dentro de márgenes manejables.
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO MÁXIMO?
El tope de $630 mil pesos considera múltiples factores:
- Costo del terreno
- Urbanización y servicios
- Construcción y/o rehabilitación
- Costos indirectos
- Monto máximo de crédito disponible
También se tomarán en cuenta elementos particulares como la ubicación, el entorno urbano y el nivel del inmueble dentro de edificios, para establecer el costo individual de cada vivienda dentro de los conjuntos habitacionales del programa.
SOLO APLICA PARA PRIMERA VENTA
Es importante destacar que estas disposiciones aplican exclusivamente a viviendas de primera venta ofrecidas por el Infonavit o su filial. En casos de reventas, el precio quedará sujeto a las leyes del mercado, aunque si se financian con créditos del instituto, se deberán acatar las reglas vigentes de financiamiento.
Esto pone un límite claro a los proyectos impulsados directamente por el Infonavit, pero deja abiertas las condiciones para el comportamiento del mercado secundario, donde los precios suelen dispararse.
¿BASTA CON $630 MIL PESOS PARA UNA VIVIENDA DIGNA?
La intención del programa es loable: vivienda asequible, sin fines de lucro y con recuperación de costos básicos para garantizar continuidad en la producción. Sin embargo, la cifra ha despertado interrogantes. En muchos contextos urbanos —especialmente en zonas metropolitanas— ese monto difícilmente alcanza para una vivienda que cumpla con estándares de habitabilidad, conectividad y calidad constructiva.
Especialistas del sector inmobiliario han señalado que, aunque es una medida necesaria, podría resultar limitada frente al aumento constante de materiales de construcción, el encarecimiento del suelo urbano y la inflación en el sector.
EL COMPROMISO: CALIDAD, NO SOLO PRECIO
Desde el Infonavit se insiste en que esta política no comprometerá la calidad ni la sostenibilidad de las viviendas. La institución asegura que cada unidad deberá cumplir con estándares mínimos en diseño, infraestructura y entorno urbano.
El reto será garantizar que el precio tope no derive en unidades pequeñas, mal ubicadas o sin acceso a servicios básicos, tal como ocurrió durante décadas en los llamados “fraccionamientos fantasma”.
UNA POLÍTICA CON BUENAS INTENCIONES, PERO DESAFÍOS REALES
La fijación de un precio máximo para vivienda social por parte del Infonavit es un avance en la lucha por la vivienda digna y asequible. No obstante, su implementación deberá ser cuidadosamente monitoreada para evitar que el tope se convierta en una barrera a la calidad o al desarrollo urbano equilibrado.
La medida representa un esfuerzo por atender a los trabajadores con menores ingresos, pero deberá ir acompañada de una política integral de suelo, financiamiento y supervisión, si se quiere evitar que la historia de vivienda social en México vuelva a repetir sus errores del pasado.
¿Es suficiente un tope de $630 mil pesos para garantizar una vivienda digna en México?
La pregunta queda abierta, y la responsabilidad está ahora en manos del Infonavit, los desarrolladores y las autoridades locales.
